Diversas organizaciones dedicadas a la salud infantil, nacionales e internacionales, no dejan de advertir en los medios de manera constante sobre la penuria alimentaria que afecta ya al veinte por cien de los niños españoles. Estas cifras, que ya de por sí claman al cielo, son extensibles a la población adulta, afectada también en el mismo porcentaje, aunque su riesgo es menor por razones obvias de la edad. Todo esto podría traducirse en palabras mucho menos edulcoradas, así que podemos hablar directamente de pobreza y miseria causadas por la política social de este gobierno, tan popular y español, que padecemos. Todo tiene un límite, y el que no vea lo cerca que está es que simplemente no quiere verlo. La dictadura financiera ha dejado a millones de personas sin trabajo ni recursos, gente que ve con rabia cómo el dinero que necesita para alimentar a sus hijos va a parar a manos de los bancos. De este modo los recortes en educación han contribuido a que el nivel de preparación de nuestros adolescentes esté a la cola entre los países europeos.
Traduzcamos este dato, también sin ambages, como analfabetismo, así como de expectativas nulas respecto a la cultura y la investigación. Las mismas medidas populares y sociales han dado al traste con la sanidad pública, donde los más perjudicados somos todos, incluidos los profesionales del sector.
Vamos camino de ser, si no lo somos ya, un país de servicios hosteleros y fiestas populares donde no se necesita mayor preparación que saber sumar, leer y escribir para atender a los turistas.
Así las cosas, antes o después la olla ha de estallar, y espero que el cambio ocurra cuanto antes y de manera pacífica. Necesitamos un plebiscito popular e impedir que la situación empeore todavía más y brote la violencia. He visto con mis propios ojos en pleno centro de Madrid colas de gente para recibir alimentos, y lo mismo cada semana en mi barrio de Valencia.
En fin, por todas partes se ve la realidad a plena luz del día. Bienvenida sea la caridad cuando sirve para paliar las necesidades urgentes. Pero no se trata de andar poniendo parches, sino de acabar con la desigualdad entre nosotros, como ciudadanos y respecto a los países europeos entre los que, se supone, estamos integrados. Toda esta codicia y soberbia es un delito contra la dignidad de un pueblo, de todos nosotros. Hemos de acabar juntos con esta vergüenza. Hemos de luchar para conseguirlo, porque está bien claro que nuestros actuales «representantes» no lo van a solucionar.
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