Ha fallecido Don Bittor Garaigordobil

País Valencià, un país obert - Manifestació i acte d'homenatge a Guillem...

RAJOY (FEAT. NADAL) - PLACA PLACA, IMPUESTO AL SOL

LOS SALMONES en gira española 2018!- abierta contratación y reserva de fechas disponibles El pulpito laico

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Rodríguez-, TROVADOS dúo, Beba & Rockafeller –clásicos del rock en
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Lo grave no es Cifuentes, sino todo lo demás Emmanuel Rodríguez / Isidro López (EL PULPITO LAICO)

El tiro no se ha elevado lo suficiente como para plantear lo que sería el mayor alivio para esos estudiantes: la vuelta a un sistema de estudios superiores plenamente público y transparente, sujeto al más amplio debate académico y ciudadano

"Una clase política corrupta es solo el espejo político de una sociedad corrupta". Se trata de una cita sin autor, una cita de evidente moralismo, pero que debe ser tomada muy en cuenta por cualquiera que trate con algo de profundidad el problema de la corrupción. De natural, somos bien intencionados, queremos "ser buenos", estar del lado bueno. Por eso, la corrupción se presenta como un cáncer, una anomalía, algo excepcional y acotado. Incluso cuando es manifiesto (como es el caso) que la corrupción es "transversal" a toda la clase política, el discurso político (por ejemplo el de Ciudadanos, pero también el de Podemos) tiende siempre a separar positivamente a la ciudadanía, o al pueblo honesto y trabajador, de aquella parte corrupta, que le es ajena. La corrupción es, por tanto, cosa de los políticos, de un segmento de los políticos. Basta tener buen periodismo y buenos jueces. Pero lo cierto es que este enfoque no entiende, ni por asomo, lo que podríamos definir como la "sustancia de la corrupción". Y que no es otra que la del propio ejercicio del poder.

La democracia fue para la Atenas clásica el gobierno del pueblo, de "los muchos": para Aristóteles, sin ambages, el "gobierno de los pobres". Y además la de un gobierno directo, que exigía muy pocas mediaciones institucionales. La democracia moderna se constituyó sobre pilares radicalmente diferentes. Convertida en un gobierno de representantes, la democracia moderna sería, a los ojos de un ateniense quizás, en el mejor de los casos, un gobierno de los aristoi (los mejores), apenas confirmados por un plebiscito regular. El problema que nos señalaría inmediatamente ese ateniense es que, casi siempre, el gobierno de los aristoi degenera o se "corrompe" en gobierno de los oligoi (los ricos y poderosos), los únicos con capacidad y medios para ser conocidos y ratificados por el pueblo. 

No queda ahí la cosa. La democracia moderna fue también identificada con eso que llamamos "Estado de derecho". Estado de derecho quiere decir que el gobierno está sometido a la ley, pero sin ningún componente sustantivo sobre lo que debería ser la ley: autoritario o democrático, punitivo o restaurador. Por eso cualquier régimen antidemocrático puede, caso de tener una judicatura relativamente independiente, declararse también "Estado de derecho".

De todos modos, algo verdaderamente democrático se ha transmitido en nuestra tradición política. Curiosamente, esta "nota democŕatica" moderna coincide con la ilustración liberal, esto es, con su desconfianza al poder. El poder para los modernos (al fin y al cabo, para nosotros) es siempre sospechoso de abuso, de corrupción. Por eso debe estar sometido a controles precisos. Esto quiere decir, que el poder debe ser transparente, público. En sustancia, de acuerdo a esta tradición, la corrupción no es el resultado de la excepción del poderoso, que se sitúa por encima de la ley, sino del abuso de poder consustancial al poder. Y esta corrupción se produce, en parte, por la falta de transparencia, la falta de publicidad de la política. La corrupción es, como se ve, la forma esencial de las democracias modernas, en las cuales casi todas las decisiones se toman de forma privada y de acuerdo a intereses privados, aun cuando se ajusten a la ley.

El escándalo del máster, o el no máster, de Cifuentes ha pasado por distintas fases desde que se supiera de la manipulación del expediente de la presidenta. Empezó como un asunto que afectaba única y exclusivamente a la carrera política, ya no tan meteórica, de la exdelegada del Gobierno. Este ha sido el gran asunto que ha ocupado la agenda mediática y política desde entonces. En relación con el mismo se ha hecho un excelente trabajo periodístico y también un trabajo político, ya no tan bueno. Como era de esperar, la política ha ido a rastras del escándalo, ha escenificado la indignación, ha exigido la dimisión de Cifuentes y ha amenazado con mociones de censura. Pero ahí acaba el asunto, la clase política, también la nuestra, ni quiere ni sabe ir más allá. A fin de cuentas, ir más allá supondría empezar a analizar cómo se ejerce el poder en nuestras democracias, y por qué estas son tan propensas a la corrupción. 

Posteriormente, el escándalo ha terminado afectando a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la institución que supuestamente expidió el título, al parecer con toda clase de irregularidades. El caso de la Rey Juan Carlos es interesante porque nos acerca a otra perspectiva. De un parte, muestra algo evidente: esta Universidad ha sido un "chiringuito universitario" del Partido Popular. Chiringuito, por supuesto, pagado con dinero público. Esta Universidad (no obviamente toda la estructura pero sí un buen número de sus profesores y departamentos) ha promovido, sin mucho disimulo, un retiro dorado para una buena cantidad de políticos del partido, ha servido también de espacio de formación de futuros cuadros y además ha sido la incubadora de algunas consultoras y think tanks populares.

La URJC no es, sin embargo, una anomalía. Históricamente, las universidades públicas, depuradas por el franquismo, fueron convertidas en cotos de las familias políticas de la dictadura, especialmente del Opus Dei. En clara línea de continuidad, durante la democracia, las familias políticas del nuevo régimen trataron de hacer lo mismo inaugurando nuevas universidades. Así, lo hizo el PSOE madrileño con la Carlos III o la CiU catalana con la Pompeu i Fabra, por no mencionar una enorme cantidad de ejemplos autonómicos. 

Decimos que la Universidad Rey Juan Carlos es un "chiringuito del PP", pero sería injusto olvidar el papel de otras familias políticas de la democracia, incluso de las más insospechadas. Así conviene recordar el papel que en la URJC jugó IU, mediante aquel célebre defensor del proletariado, Moral Santín, el mismo que se pulió más de 450.000 euros con la tarjeta black de Bankia, y que ejerció una particular influencia sobre la URJC desde su mandarinato universitario en la Complutense. Quizás no sea tan casualidad que dos de las profesoras cuya firma aparece, probablemente falsificada, en el acta de Cifuentes estén vinculadas a IU. En realidad y por ser claros, la Universidad Rey Juan Carlos es un caso límite de los mismos esquemas de prebendas y clientelismo que dominan la universidad española, en algunos casos vinculados al poder político propiamente dicho (los partidos), y en otros simplemente como coto particular del poder académico (los mandarines y cátedros de turno). 

La Universidad no es la clase política, y sin embargo pertenece a esa misma galaxia de la corrupción, que inevitablemente se forma cuando el poder no es público y cuando el poder no está convenientemente distribuido "entre muchos". Pero el caso de la Universidad no es único. Se podría hablar, desde luego, de todo aquello que recibe el nombre de "sociedad civil", o de una forma todavía más evidente, de ese cascarón público lleno de dinámicas ultrafinanciarizadas que eran las cajas de ahorro. Nótese bien, una modalidad de banca casi pública, privatizada ya antes de su privatización, por una particular alianza de élites políticas e intereses empresariales.

Si se considera el asunto con amplitud, la verdadera cuestión política que se juega en el affaire Cifuentes, está por tanto en otro lugar que el de su dimisión. Un lugar que hoy parece ocupar un segundísimo plano para los representantes de la "nueva política", centrados como están en las tensiones entre partidos y candidatos para dejar cerrada la sucesión de la cabeza de los populares madrileños. De una forma muy concreta, la "privatización de lo público", que es la fuente de toda corrupción, se manifiesta en el caso Cifuentes como ejemplo palpable de la degeneración de una institución pública ya de por sí muy degradada, la Universidad. 

Desde hace 20 años, desde los llamados acuerdos de Bolonia (que trataron de inaugurar el "espacio europeo de educación superior"), se ha impuesto la necesidad de obtener un título de máster, como credencial "valiosa" de estudios. Al tiempo, se asumía sin reparos la devaluación de los títulos medios, los llamados "grados" (antes licenciaturas). La contraparte de este proceso ha sido una nueva ronda de privatización por la puerta de atrás. Donde antes existían ciclos de cinco y seis años plenamente públicos y cursos de doctorado también públicos, ahora hay una inacabable sucesión de másters, extraordinariamente caros y excluyentes. El máster, a pesar de su por lo general mediocre calidad, se ha convertido en el "título que realmente importa". Y por mucho que estos másters estén promovidos y gestionados por universidades pagadas con dinero público, no dejan de ser espacios de negocio privado bastante poco transparentes, y por ende extremadamente propensos a la "corrupción".

Frente a este gigantesco problema de "corrupción de lo público", Podemos y la nueva política, en consonancia con su tradicional propensión al tacticismo más plano, se han limitado a lanzar mensajes dirigidos a empatizar con los padres y alumnos de máster que se sacrifican, tanto en tiempo como en dinero, para sacar adelante los llamados posgrados. En ningún caso, se ha llegado a elevar el tiro lo suficiente como para plantear lo que sería el mayor alivio para esos estudiantes y familias, la vuelta a un sistema de estudios superiores plenamente público y transparente, sujeto al más amplio debate académico y ciudadano. Esta ausencia de ambición política sorprende aún más, cuando buena parte de los cargos públicos de la nueva política hicieron su debut en las luchas universitarias contra el Plan Bolonia del espacio superior de educación. Precisamente, aquel movimiento estudiantil se oponía a este sistema de universidad semi privatizada. En resumen, de aquí en adelante, convendría que nos tomáramos muy en serio lo que significa la palabra corrupción, que ciertamente va da mucho más de la oportunidad de tumbar a un rival político.

La caradura de Cristina Cifuentes es insoportable para quienes hemos sufrido lo indecible para sacarnos la carrera @RaulSolisEU EL PULPITO LAICO

La universidad no era para mí. No había nadie en mi familia que hubiera cruzado las puertas de los estudios superiores. Nadie. Tenía una madre que no sabía leer, dos hermanos sin graduado escolar, un hermano que llegó hasta primero de BUP y una hermana que se había sacado el título de peluquera. No es que yo fuera más listo que mis hermanos, es que tuve algunas más oportunidades que ellos, por ser el más pequeño y tener que ordeñar menos vacas, limpiar menos zahúrdas de cochinos y conseguir que mi padre me dejara estudiando algunas tardes, en lugar de llevarme al campo a sembrar, arar, regar o escardar criaderos. Aunque hice todo eso, lo hice en menos ocasiones que mis hermanos.
Para quienes somos hijos de familias sencillas de solemnidad, en las que ninguno de nuestros padres tienen siquiera los estudios primarios y que dormíamos en literas con hermanos que no habían terminado ni la EGB, ir a la universidad sonaba a quimera, a imposible. A quienes el fracaso escolar nos ha perseguido toda la vida, aprobar cada año era una prueba de fuego porque no aprobar era lo que nos separaba de irnos a trabajar con los albañiles o ir al instituto. A mis 36 años, puedo decir que recuerdo como un suplicio la entrega anual de notas porque era un examen sin posibilidad de retroceso. Si aprobaba, podía seguir estudiando en septiembre; si suspendía, mis padres me reclutarían para trabajar en el campo o con los albañiles, porque la holgazanería no formaba parte del curriculum familiar.
En ese entorno de imposibles crecí yo y muchos otros hombres y mujeres que a duras penas hemos podido terminar yendo a la universidad a cursar estudios superiores. Yo empecé a estudiar en la universidad con 25 años, porque, efectivamente, el fracaso escolar hizo acto de presencia en mi vida en el último curso de bachillerato. Un accidente familiar de mis padres me llevó a sustituir a mi madre en el humilde puesto de verduras en el que mi familia se ha ganado la vida honradamente. Era imposible aprobar en esas circunstancias, no tenía cuerpo para ir al nocturno después de levantarme a las siete de la mañana todos los días. La desigualdad me obligó a dejar los estudios, pero estadísticamente yo era un ‘fracasado escolar’. Así de crueles e inhumanas son las estadísticas del Informe PISA.
Con 25 años, trabajando de pescadero, me matriculé por fin en la universidad. Me saqué el bachillerato por las noches después de salir de trabajar. No recuerdo mayor ansiedad en mi vida que el examen de acceso a la universidad. No sabe nadie lo que se sufre pensando que nunca podrás ser lo que sueñas ser por el simple hecho de la cuna en la que naciste. Aprobé y me pude matricular en Periodismo. Recuerdo como si fuera ayer la mañana de julio en la que me matriculé en la Universidad de Sevilla, allá por 2007. Tras entregar todo el papeleo y recoger la documentación que me acreditaba como alumno de la Licenciatura en Periodismo, salí a la puerta de la facultad y me paré en el medio de la acera ancha del acceso, con los brazos elevados al cielo y los ojos cerrados: “Lo he conseguido, por fin”, me dije, acordándome de todos los míos.
Llamé a mi madre para informarle de que me había matriculado para ser periodista. A mi madre, que no sabe leer ni escribir, le dije que el último de sus cinco hijos por fin había roto el techo de cristal de los pobres: ir a la universidad. Cuando colgué el teléfono a mi madre, lloré. Lloré mucho, se me pasó por delante de mis ojos toda mi vida y la de los míos. Me sentía representante de una estirpe que había arruinado los deseos de los padres ideológicos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y algún otro ilustre ‘portavoz del esfuerzo’ que, desde su privilegio, se atreven a decirle a los pobres que lo son porque no se han esforzado en la vida.
Me saqué la carrera aunque cada año pensé que sería el último en la universidad, que suspendería y tendría que abandonar. Crecer con el fracaso en los talones te condena a vivir siempre pensando en él. No me dieron beca del Ministerio ni un solo año porque, literalmente, me dijeron que era demasiado pobre como para poder vivir independiente de mi familia. Los 600 euros que ganaba de pescadero, al Ministerio le parecían insuficientes para ser una persona independiente que pagara una habitación compartida y se pudiera alimentar pero no lo necesario como para darme una beca. No se imaginarán, en toda su vida, Pablo Casado o Cristina Cifuentes lo que sufrí para poder recaudar el dinero que me costaba la matrícula, porque eran tan pobre que el Ministerio no me pagaba ni la matrícula. No sabrán nunca las noches que me tiré sin dormir pensando a quién pedirle el dinero. Todavía le debo 6.000 euros a la persona que me prestó varios años el dinero de la matrícula.
A finales del tercer año, un profesor me salvó la vida, literalmente. Yo pensaba que no podría terminar la carrera porque realmente era dificilísimo trabajar de pescadero y estudiar Periodismo de manera presencial. Pedía vacaciones para estudiar e iba a clases todas las tardes que podía, que fueron muchas, pero había clases y exámenes importantes a las que no podía ir. Durante unas jornadas universitarias, un profesor me dijo que me esperara al final de su charla que tenía una cosa que decirme. Tan acostumbrado a perder, juro que pensé que había hecho algo malo y que me iba a caer la mundial. Me equivoqué: el profesor me ofreció una beca salario para un proyecto de comunicación europea que financiaba la Unión Europea. Los dos últimos años de la carrera cobraba 600 euros al mes sólo por estudiar y colaborar en este proyecto de investigación. No me lo podía creer. Pude pedir la cuenta en mi trabajo y dedicarme al sueño de mi vida: estudiar, formarme y romper el maleficio malvado de la desigualdad.
En esos dos años, falté muy pocas veces a clases. Fui todo lo que pude porque ya había faltado bastante en los años anteriores. El miedo a que me quitaran la beca me animó a matricularme de dos cursos en un año, me saqué 18 asignaturas de una tacada, entre junio, septiembre y febrero. Yo tenía que acabar mi carrera antes de que se terminara esa maravillosa beca que me había salvado del fracaso universitario.
Finalmente, me licencié. Y volví a llorar después de llamar para informarle a mi madre, analfabeta, de que su hijo menos era periodista. Para quienes han crecido rodeados de padres y madres con profesiones finas y elegantes, ir a la universidad es un trámite sin importancia; para quienes nos hemos criado en hogares sin historial universitario y con una mochila cargada de
desigualdad y sacrificio, cruzar la puerta de los estudios superiores ha sido, además de un triunfo, un homenaje a todas las criaturas de nuestra estirpe que, incluso teniendo talento, no pudieron cumplir su sueño de abandonar el pelotón de la desigualdad y los trabajos duros. Yo siempre supe que la única manera que teníamos los pobres para salir del bucle de la desigualdad era estudiando. Lo sabía porque a mi madre la sacaron de la escuela a los nueve años para llevarla a servir casas de señoritos.
Llevo una semana maldiciendo a Cristina Cifuentes y a todo ese ejército de portavoces del PP por poner la universidad a los pies de los caballos con sus chanchullos y su corrupción en un país en el que, por sus políticas de odio contra la gente sencilla, hay muchas criaturas que no pueden ir a la universidad porque ya sólo hay becas para quienes sacan más de un 6,5 de media, mientras los universitarios acomodados pueden estudiar sin fecha de caducidad aunque saquen un 4 de media en sus calificaciones, tras la modificación de las condiciones para recibir una beca, en nombre del esfuerzo, por el Partido Popular.
Cristina Cifuentes no sólo tiene que dimitir porque el delito de falsedad documental sea penalmente muy grave y porque lo que ha hecho es un atentado contra el Estado de Derecho, sino porque es insoportable, para quienes hemos sufrido lo indecible por terminar nuestros estudios y hemos llorado muchas veces por no tener tiempo para prepararnos un examen, que estemos gobernados por gente que justifica, legitima y aplaude que sea más útil para triunfar los chanchullos de las élites que el esfuerzo de los hijos de los pobres que hemos podido ir a la universidad contra todo pronóstico y que, precisamente porque no era para nosotros, queremos que siga siéndolo.

...los "MASTER" a parte de un saca dinero, es un ataque más a la igualdad de oportunidades. Las clases económicamente acomodadas eran las que podían mandar a sus hijos a la Universidad, así se hacía patente que esa aristocracia del saber marcaba distancias y justificaba privilegios. Con la enseñanza obligatoria, pública y gratuita se tambaleó el sistema. Hijas de obreros y asalariados, con el esfuerzo de sus familias que les liberaron de aportar a la economía familiar, dieron el salto demostrando que su condición baja socio económica, no era consecuencia de una falta de inteligencia. Llegaban a la Universidad y triunfaban. Ver a la hija del portero, o al chico de la mujer de la limpieza hacer sombra a los "señoritos" no fue asumida y se empezaron a subir las matrículas, disminuir las becas y para rematar el trabajo, nada mejor que devaluar las licenciaturas, sacándose del sombreo unos Master casi inalcanzables por su coste económico...así los curriculum, volvían a marcar diferencias, y devolvían a las hijas de familias humildes al lugar de "CENICIENTAS" del que nunca debieron intentar salir. Y ya sólo faltaba que además se puedan conseguir, si perteneces a la élite, sin esfuerzo alguno, fraudulentamente .

El "posgrado en Harvard" de Pablo Casado fue un curso de cuatro días en Aravaca Ignacio Escolar EL PULPITO LAICO

El paso por esta prestigiosa universidad estadounidense del portavoz del PP consistió en un programa intensivo del 16 al 19 de junio de 2008 que se impartió en Madrid, en la sede del IESE

Este programa de Harvard estaba patrocinado por la Comunidad de Madrid y Casado, entonces diputado autonómico, "no recuerda" si fue becado

No había requisitos académicos de admisión ni tampoco más exigencia para aprobar que la asistencia a las clases

"Yo por entonces ya tenía cuatro posgrados en mi materia: uno en Harvard y otro en Georgetown, ambos en Estados Unidos, y otros dos en España", aseguró Pablo Casado este martes para explicar cómo pudo aprobar su máster en la Universidad Rey Juan Carlos sin ir a clase. Y es cierto que en su currículum en el Congreso de los Diputados figura un "DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard". Pero cuando se profundiza en este "DGP", el curso brilla bastante menos de lo que el vicesecretario del PP luce en su expediente académico.

Este título de Harvard se impartió en Madrid, en el barrio de Aravaca, en el campus del IESE, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo y que pertenece a la Universidad de Navarra. Se trataba de un cursillo de solo cuatro días, entre el 16 y el 19 de junio 2008. No había otro requisito académico para inscribirse que el pago de la matrícula y el paso por un comité de admisiones. Tampoco había otro requisito para el título que la asistencia a todas las clases, como suele ser habitual en estos programas de formación para políticos que se imparten con el método del caso y que abundan en el currículum de Pablo Casado.

En Internet, en la web del IESE, aún queda rastro de ese curso de cuatro días en "Driving Government Performance", un programa de "estrategias de liderazgo" para "directivos públicos". El curso contó con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Barcelona. La inscripción costaba 2.000 euros. Se impartía en inglés con traducción simultánea, según confirman desde el IESE.

En aquel momento, Pablo Casado era diputado en la Asamblea de Madrid. A las preguntas de eldiario.es sobre su matrícula, Casado "no recuerda" si pagó esos 2.000 euros que costaba este curso o si disfrutó de algún tipo de beca por ser diputado autonómico. Asegura a eldiario.es que se enteró de estos estudios a través del IESE, porque ya había realizado otro programa anterior en esta misma escuela de negocios.

El profesor que impartió este curso de Harvard de cuatro días al que asistió Casado fue Robert Behn. Según explican desde el IESE, el título es de Harvard aunque el curso se impartiera en el campus del IESE en Madrid. El mismo programa con el mismo profesor está disponible también en el campus de Harvard en Boston con una duración similar y un precio más oneroso: 8.800 dólares, según las últimas tarifas.

El dirigente del PP asegura que nunca ha dicho nada que sea falso y que  en su currículum en el Congreso presenta estos programas como un complemento a su formación académica.

En cuanto a los "posgrados en España" de Casado, son dos. El primero es el PLGP, Programa de Liderazgo para la Gestión Pública, una formación de unos diez días –un lunes de cada mes de septiembre a julio– con el método del caso, que está orientado a políticos y que muchos otros diputados de distintos partidos exhiben en sus currículums. Pablo Casado lo curso en 2006-2007. Al igual que otros estudios de estas características, solo es obligatoria la asistencia para lograr el título.

El segundo posgrado que Casado asoma en su currículum lo cursó en Deusto. Es el PLPE, Programa de Liderazgo Público de Emprendimiento e Innovación. También consiste en diez clases, un lunes de cada mes, y está orientado a políticos y cargos en la administración pública. El coste es de 1.900 euros, aunque hay diez becas anuales de 1.000 euros que entrega la Fundación Rafael del Pino. En la web de Deusto, Casado es uno de los políticos que recomienda este curso.

"Se puede decir que son posgrados. Sí, porque te piden la licenciatura para acceder a ellos", afirma Pablo Casado. No es correcto porque en estos cursos de entre cuatro y diez días, más el tiempo de estudio, no hay ningún requisito académico obligatorio para asistir, tampoco la licenciatura. Solo el pago de la matrícula y el visto bueno en el comité de admisiones. como se puede comprobar en la web de Deusto, la web de IESE, el propio  folleto del curso de Harvard que se impartió en Madrid o su equivalente en Harvard. Así lo confirman también fuentes de IESE.

Casado también ha explicado a eldiario.es que ese curso de cuatro días, el DGP, no es su única relación con Harvard, aunque sea el único título que muestra en su currículum público. También cuenta con otro certificado en otro programa intensivo, de unos pocos días de duración, en agosto de 2008, en el Real Colegio Complutense en Harvard, de la Universidad Complutense de Madrid, en Boston.

El otro "posgrado en Estados Unidos" del que presumió Casado esta semana, el de Georgetown, sí aparece en su currículum y tuvo una duración "similar" al DGP de la Kennedy School of Government. Casado no recuerda exactamente cuántos días de clase tuvo en ese curso en Washington, que también realizó en agosto de 2008.

En apenas tres meses, entre junio y agosto de 2008, Pablo Casado aprobó tres "posgrados": dos de Harvard y uno de Georgetown en un solo verano.

La carta de Méndez de Vigo de 1976 donde defendía la violencia de la extrema derecha (EL PULPITO LAICO)

"La violencia de la impropiamente denominada extrema derecha es el reflejo de su legítima defensa ante el asalto de grupos activistas de signo absolutamente contrario, con un marcado cariz comunista".

Esta escalofriante frase aparece en una carta de 1976 escrita por 17 alumnos de la facultad de Derecho de la Complutense que remitieron al entonces ministro de Educación, Robles Piquer. Entre los firmantes, aparece el nombre del ahora delegado del mismo ministerio, Íñigo Méndez de Vigo.

Este jueves, el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela ha compartido en Twitter la noticia que recogía esta carta en La Voz de Galicia el 21 de marzo de 1976. En ella se pueden leer las palabras concretas de los universitarios.

A parte de defender la violencia de la derecha ultra como "legítima defensa", el escrito dicta que "mientras la convivencia universitaria no esté garantizada debidamente, la respuesta no puede ser otra por parte de los que queremos que la autonomía de la Universidad sirva para erradicar de ella la blasfemia intolerable y las soeces injurias a la patria y al Rey".

El tuit -pero sobre todo la carta- no ha dejado indiferente a los usuarios de la red social. Las reacciones contra la violencia defendida por Méndez de Vigo y sus compañeros pretenden ser todo un ejemplo de convivencia ideológica.

Algunos han pedido al ministro que ahora no pretenda dar lecciones. Otros han dicho que sería acusado de terrorismo -o no-. También le han reprochado que sea 'El novio de la muerte'. Y los más duros, que deje de esconderse tras el "oropel" de la democracia cuando ese no es su papel.

Las 20 MEJORES FRASES de RAJOY, ¿Serás CAPAZ de NO REIRTE (o LLORAR)? :D

Pensionistas: de la sumisión a la insurrección Luis Alejo EL PULPITO LAICO

En el País Vasco, sobre todo en Bizkaia, ni partidos ni sindicatos participan de forma directa. Por exigencia de los propios pensionistas no se admiten pancartas  de ninguna organización

Cuando Stéphane Hessel lanza en 2010, a la edad de 92 años, la consigna “indignaos”, coreada por José Luis Sampedro con 93 años, los pensionistas españoles no se sienten aludidos. Tras la muerte de Hessel y Sampedro, aquellos pensionistas, entonces reserva de votos del PP, inician una revuelta que hace temblar al endeble gobierno de Mariano Rajoy. La causa de esa inesperada rebeldía, promovida desde un colectivo de 10 millones de personas, es el recorte de las pensiones, provocado por las reformas laborales y de la Seguridad Social  que en 2011 y 2013 impusieron los gobiernos del PSOE y del PP a los actuales y futuros pensionistas. En realidad la ofensiva contra las pensiones públicas comenzó en 1995 al desvincular las cuentas de la Seguridad Social de los Presupuestos Generales del Estado.

El retorno de los viejos rokeros

A poco que se analice la composición social de ese núcleo población deja de asombrar que se indignen y rebelen. Se trata de una generación bipolar, con comportamientos dispares: mientras una parte se atrincheró en el silencio y el miedo provocado por la dictadura, otra se comprometió en la lucha antifranquista, hizo realidad la conquista de las libertades y posibilitó el estado de bienestar, ahora amenazado. Este colectivo es el que está protagonizando la lucha contra el recorte de las pensiones.

Los partidos políticos, los que gobiernan y el resto, habían olvidado que dentro del núcleo de población menos politizado, el de mayor edad, se encuentra el más combativo e ideologizado, el que lleva toda la vida defendiendo causas propias y ajenas. Se equivocaron quienes impusieron las reformas contando con el miedo y la sumisión de los pensionistas. Tampoco aciertan los partidos que renuncian a la experiencia política y la capacidad organizativa de tanta gente, centrando su actividad en la juventud.

Entre el espontaneísmo  y el organicismo

Las formas organizativas y métodos de coordinación que adoptan las movilizaciones de pensionistas son múltiples, dependiendo en particular de la incidencia sindical. A diferencia de otros territorios, en el País Vasco, sobre todo en Bizkaia, ni partidos ni sindicatos participan de forma directa. Por exigencia de los propios pensionistas no se admiten pancartas  de ninguna organización. La coordinación se lleva a cabo desde la base, mediante plataformas ciudadanas  o a través de asociaciones donde están los sindicatos, aunque sin hacer ostentación de sus siglas. Las convocatorias generales parten de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, ajena a los sindicatos. En Euskadi, al tomar la iniciativa los pensionistas, pese a la división sindical el apoyo a las movilizaciones es unánime.

Los sindicatos venían convocando movilizaciones en defensa de las pensiones, sin alcanzar el auge actual hasta entrar en acción los métodos de coordinación y de agitación propios de los movimientos sociales. En fechas previas al 17M circulaba por la redes una extensa variedad de carteles y viñetas llamando a la manifestación. Así que han confluido los procedimientos de difusión tradicionales y los virtuales ajenos al sistema. Y como ocurrió el 8M, los medios de comunicación han ejercido de caja de resonancia. No ha sido necesario empapelar las calles para movilizar a la ciudadanía.    

Luchar por el respeto y la dignidad

La clave de las movilizaciones es la determinación de rechazar el incremento anual del 0,25%, planteando como alternativa revalorizar las pensiones en base al IPC. Esa subida, equivalente a una limosna, ha encendido los ánimos de los pensionistas, licuando su sangre mejor que el Sintrom.  Las concentraciones semanales, el reencuentro  con colegas de pasadas militancias, ayudan a rejuvenecer. Mal augurio para el maltusianismo que ciñe la problemática de las pensiones a cuestiones demográficas; va a resultar que el activismo social alarga la esperanza de vida.   

Recortar las pensiones o revalorizarlas son decisiones políticas. Los gobiernos determinan cómo y cuándo distribuir la riqueza. Establecen prioridades basadas en criterios más ideológicos que económicos. Rescatando a la banca en vez de a la gente que se arruinó con las hipotecas basura de la banca, se intensifican las desigualdades, aumenta la precariedad  y la exclusión social. Por eso, no queda más opción que cambiar de política económica, o sea, de gobierno. Los pensionistas han aprendido la lección, gritando cada día con mayor decisión: “Los recortes de pensiones se pagarán en las elecciones”, “Ni un día más de gobierno del PP”, “Rajoy dimisión”.

Ofensiva contra las pensiones públicas

Mariano Rajoy comparece en el Congreso para recordar sus planes en materia de pensiones. Confirma que no está dispuesto a revalorizarlas. Esa obstinación contrasta con la decisión de incrementar los sueldos de los funcionarios públicos el 1,75% en 2018, llegando al 8% hasta 2020. Es un agravio comparativo que no pasa desapercibido entre los pensionistas. Tratándose de una medida electoralista sorprende que Rajoy no utilice el mismo método con los pensionistas. Todo apunta a que los recortes de las pensiones públicas encajan en el proyecto para sustituirlas con planes de pensiones privados.

Se intenta convertir esos productos financieros en el negocio más prospero de la banca. El País Vasco es pionero: las EPSV (entidades de previsión social voluntaria) manejan el 34% del PIB, siendo el 10% a nivel estatal. Ese modelo de pensiones privadas esté promovido por instituciones controladas por el PNV (Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, Kutxabank), lo negocian en los convenios sindicatos que cobran por su gestión, se financian con impuestos, tienen bonificaciones fiscales y no tributan a la Seguridad Social. Es decir, se compite de forma desleal con las pensiones públicas.

Resurgir de las movilizaciones ciudadanas

Las concentraciones de pensionistas, manifestaciones del 22 de febrero, movilizaciones feministas del 8M, manifestaciones del 17M, tienen una trascendencia comparable al “No a la Guerra” del 2003. Constatada la capacidad movilizadora de pensionistas y feministas, así como la impotencia de los partidos de la oposición para enfrentarse de forma conjunta a las regresivas medidas sociolaborales de la derecha, los sectores más vulnerables y oprimidos de la sociedad toman conciencia de su fuerza y reclaman sus derechos con firmeza. No es casual que el movimiento de pensionistas haya apoyado públicamente las acciones del 8M y que el feminista haga otro tanto el 17M.

Las manifestaciones del 17 de marzo confirman la dinámica de cambio social. Se trata de movilizaciones intergeneracionales transversales donde diferentes mentalidades comparten motivaciones comunes. Tal es la característica fundamental del movimiento en defensa de las pensiones públicas, conforme se constata analizando los índices de participación. El ejemplo más significativo es el de Bilbao, donde una plataforma unitaria y plural, sin protagonismo político ni sindical, logra agrupar a 115.000 personas. El caso opuesto es Madrid, con dos manifestaciones que compiten entre sí, pese a coincidir las consignas.

¿Y ahora qué? En cualquier país de democracia consolidada el 17M provocaría una crisis de gobierno. Aquí es diferente, habrá que esperar a la cita con las urnas, salvo que el PNV considere que apuntalar la corrupción ha dejado de ser rentable y Rajoy opte por huir hacia adelante. De todos modos, los pensionistas volverán a concentrarse los lunes, al sol o bajo la lluvia, preparando las condiciones para dejarse oír a las puertas de La Moncloa. Será una jornada más de orgullo, reclamando sobre todo respeto y dignidad. Eso significa pasar de la indignación a la insurrección rechazando el 0,25%.

Si los pensionistas persisten en su lucha y castigan al PP en las urnas, el gobierno del cambio que no fue posible a través de la unidad de la izquierda tal vez se haga realidad en base a un compromiso de regeneración democrática y de progreso social que incluya la derogación de medidas que afectan a las condiciones de jubilación y estabilidad de las pensiones públicas.  Es más, dado el creciente peso de las pensiones en el conjunto de la economía, convendría  considerar la revalorización de las pensiones y la economía de los cuidados como factores de desarrollo sostenible. Es decir, un keynesianismo basado en la rentabilidad social, no en  el gasto en infraestructuras.  Pero esa es otra historia.

Cuatro juzgados investigan la presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2011Toni Cuquerella EL PULPITO LAICO

En el epicentro de la presunta trama estaría la empresa Crespo Gomar que habría realizado trabajos para los socialistas y los nacionalistas La investigación, que se desarrolla en juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, abarcaría delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral

Un juzgado investiga la presunta financiación ilegal del PSPV en época de Joan Ignasi Pla como secretario general, así como al Bloc (partido hoy integrado en Compromís), por la campaña electoral de 2007, unas investigaciones que se extenderían hasta 2011, según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El magistrado ha repartido la causa en cuatro juzgados (dos en Madrid, uno en Gandia y otro en Benidorm) para que los hechos se investiguen en los partidos judiciales donde se habrían cometido los posibles delitos.

Se trataría de una trama con prácticas similares a las de la 'Gürtel', una empresa que organiza actos electorales y que posteriormente recibe contratos públicos, en este caso del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación abarcaría delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral vinculados a las campañas de 2007 y 2011.

Según ha publicado el diario El Mundo el origen de la investigación se sitúa a mediados de 2016, cuando representantes del PP habrían llevado a una comisaría de València documentación, facturas y correos electrónicos que se habrían enviado entre empresarios y dirigentes del PSPV y del Bloc. Desde entonces se habría puesto en marcha una operación policial llevada en secreto.

El juzgado que investiga el caso habría comprobado la veracidad de la documentación aportada identificando en varios informes el circuito que presuntamente habría seguido el dinero de empresas tanto públicas como privadas para pagar actos de la precampaña y la campaña de 2007.

La investigación que ha llevado el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia -el mismo del caso Blasco- se encuentra bajo secreto de sumario, lo que implica también que se desconoce la cantidad de dinero de la que se está hablando, aunque podría rondar el millón de euros.

'Clan de Gandia'

Como instrumento de este sistema estaría la sociedad de comunicación Crespo Gomar (hoy extinguida), la cual facturaría los servicios a formaciones políticas que eran pagados por otras empresas, pagos que según las investigaciones tributarias coincidirían hasta en los céntimos.

Esta sociedad tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia, el socialsta Antoni Gomar, y tendría también entre sus trabajadores a José Ramón Tíller, exdiputado autonómico socialista y ex jefe de gabinete de los exalcaldes de Gandia Pepa Frau y José Manuel Orengo (actual asesor de Ximo Puig).

Sobre la vinculación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero cabe señalar que la empresa Crespo Gomar obtuvo contratos por valor de más de 600.000 euros de organimos estatales para campañas de comunicación. Entre estos estaría la campaña de la desalinizadora de Torrevieja y Aguas del Júcar de AquaMed por 234.700 euro y otra de 148.000 euros para difundir los contenidos del Plan de la Vivienda 2008-2012 del Ministerio de Vivienda. Destaca la campaña 'Compra con criterio' del Ministerio de Sanidad y Consumo por 200.000 euros, concedida desde la Dirección General de Consumo que entonces encabezaba Etelvina Andreu, quien fue candidata a la alcaldía de Alicante en 2007 por el PSPV y cuya campaña dirigió precisamente Crespo Gomar.

Bloc

Por lo que respecta al Bloc la investigación afectaría también a la campaña de 2007, la etapa en la que la formación tenía como líder y candidato a Enric Morera -actual presidente de las Corts- y que un documento de Crespo Gomar incluía el apartado "estados de cuentas de Bloc".

En esta documentación una tabla desarrolla conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se reitera la palabra "concepto" con diversas empresas, y esto da pie a que la Policía investigue si estas empresas asumieron las facturas del Bloc.

Entre las empresas señaladas estaría Egevasa, empresa con participación pública de la Diputación de València. Entre las factures habría sesiones de fotografías a candidatos, cuñas publicitarias o el alquiler de un vehículo.

...como lamentamos que nuestra justicia no cumpla el principio necesario para ser JUSTA, la rapidez, para evitar tanto  las prescripciones vergonzantes como las prolongaciones de las sospechas.