La acción opositora del Gobierno central contra las decisiones legislativas de comunidades autónomas no gobernadas por el PP y el proceso independentista catalán dan a los magistrados un mayor protagonismo en la arena política
Los
tribunales se han convertido en otra arma política para el Partido
Popular. La minoría parlamentaria de 137 diputados hace que los
populares busque fórmulas judiciales para obstaculizar
a la oposición en el Congreso, además de la acción opositora del
Gobierno central contra las decisiones legislativas de comunidades
autónomas no gobernadas por el PP y el proceso independentista catalán
le otorgan a los magistrados un mayor protagonismo en
la arena política.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy había decidido ya descargar en los tribunales la solución al desafío secesionista catalán con
la modificación de la ley del Tribunal Constitucional (TC) aprobada
en 2015, que
le permite suspender cautelarmente a altos cargos o autoridades
políticas que desobedezcan sus resoluciones. La última decisión fue
llevar al TC el nuevo reglamento del Parlament catalán que permite la desconexión exprés.
No solo el Alto Tribunal juega un papel activo contra los movimientos ilegales de los independentistas.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) admitió a
trámite la nueva querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadel
, por permitir
votar una resolución a favor del referéndum mientras que
el Tribunal de Cuentas abrió un
procedimiento que podría concluir con la exigencia al expresident Artur Mas, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega y al exconseller Francesc Homs para que asuman con su patrimonio
los 5,1 millones de euros públicos que costó la consulta del 9-N.
Tribunales contra la política parlamentaria
En el ámbito de la Cámara Baja el PP también ha utilizado a los tribunales para solventar su minoría parlamentaria.
El Gobierno planteó el pasado enero ante el Constitucional un conflicto de
atribuciones con el Congreso por
la decisión de la Mesa del Parlamento de levantar dos vetos de los
veinte que ha puesto el Ejecutivo a diversas proposiciones de ley de los
grupos parlamentarios. El
Gobierno ha justificado el veto a las medidas aprobadas sin su visto
bueno por el Congreso a que tienen consecuencias económicas y pueden ser
paradas legalmente si modifican los ingresos o gestos del Presupuesto.
El
portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo,
explicó entonces que las medidas a las que se levantó la prohibición
eran el calendario de la Ley de Educación
y una normativa sobre de las condiciones laborales de los trabajadores
subcontratados.
La
debilidad parlamentaria de los populares también se refleja en las
comisiones de investigación que se han puesto en marcha en el Congreso.
Ante el coste político que supone para
el partido de Mariano Rajoy la investigación parlamentaria de sus
finanzas cuando todavía se juzgan los casos Gürtel y Púnica, el Grupo
Parlamentario Popular presentó el pasado viernes un recurso ante el
Tribunal Constitucional contra la Comisión de Investigación
del Congreso relativa a la presunta financiación ilegal del PP. Los
populares se han quejado en numerosas ocasiones que la comisión que
investiga sus cuentas "no tiene límite temporal, ni ámbito temático
ni ámbito territorial determinados".
El
coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, espera que
los magistrados pongan límite a las comisiones de investigación
parlamentarias que afectan al PP. "Queremos que
el Tribunal Constitucional entre al fondo del asunto. Y que sea el Alto
Tribunal el que decida los limites constitucionales de las comisiones
de investigación para evitar esperpentos como se están produciendo en
esta comisión o esperpentos como en la comisión
sobre Jorge Fernández Díaz", comentó Martínez Maillo.
Alcance político de los tribunales
Para
entender el alcance político de la utilización de los tribunales, uno
de los mejores ejemplos es la oferta pública de empleo (OPE) de la
policía autonómica vasca, la Ertzaintza.
El
Gobierno central ha recurrido durante los últimos años ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco esta OPE. La última vez fue
en diciembre de 2016 cuando el Gobierno vasco pretendía abrir un proceso para
contratar a 250 policías.
La
necesidad del apoyo del PNV para aprobar los Presupuestos de 2017
cambió la percepción del Gobierno de las necesidades policiales del
Gobierno vasco. El Ejecutivo de Mariano Rajoy
retiró el recurso y el PNV justificó su apoyo por el
desbloqueo de la plantilla de la Ertzaintza,
entre otros beneficios.
En
otros casos, los recursos al TC se convierten en otra fórmula para
hacer oposición en las comunidades
donde no gobierna el Partido Popular. En lo que llevamos de 2017 en
Ejecutivo ya ha planteados recursos de inconstitucionalidad por leyes
tan dispares como la
Ley de Exclusión Social de Extremadura,
por considerar que invade las competencias estatales y que conduce a "cuartear" la unidad del territorio nacional,
la Ley de toros de Baleares,
porque entiende que la nueva ley autonómica vulnera la tauromaquia como
bien cultural y que el Estado tiene el deber de proteger ese
patrimonio,
la Ley de abusos policiales del País Vasco,
porque el Gobierno
considera que atribuye funciones de investigación sobre delitos
pasados que "estarían reservados exclusivamente a jueces y tribunales de
Justicia", o
la Ley de la jornada laboral de Andalucía, que ha supuesto la paralización de la jornada de 35 horas semanales
de los empleados públicos.
La memoria del Tribunal Constitucional del año 2016 recoge que 16 de lo 32 recursos de inconstitucionalidad
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