La presidenta que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción no puede despejar este asunto
acusando a la Guardia Civil
de participar en una operación política en su contra
1. La Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil, la UCO, acusa a la presidenta de Madrid de dos delitos
muy graves: prevaricación continuada y cohecho. No hay todavía una
imputación en firme, y aún no es seguro que eso vaya a suceder. Cristina
Cifuentes es aforada, solo la puede imputar el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y antes lo debería pedir la Audiencia Nacional. Pero
el informe de
la UCO sí aporta datos muy graves contra Cifuentes y la implica en la financiación ilegal del PP: una maquinaria electoral que hizo trampas
en todas las campañas que ganó y que, según la Guardia Civil, atentó contra "el pluralismo político".
2. Cristina Cifuentes formó parte
del patronato de Fundescam, la fundación opaca del PP de Madrid que
durante años ejerció como base de operaciones de la financiación ilegal
del partido. A través de Fundescam, el PP recaudaba dinero de
empresarios
amigos: unos donativos ilegales, porque los donantes contrataban con la
administración y no podían aportar fondos al partido. Después el PP
empleaba ese dinero en sus campañas electorales, manipulando las
facturas para esconder su verdadero destino y ocultando
esos gastos ante el Tribunal de Cuentas. En varias de las elecciones,
gracias a estas trampas, la candidatura de Esperanza Aguirre gastó más
del doble del dinero que declaró.
3. Cristina Cifuentes también fue
vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en los años en los que uno de
los donantes de esta fundación se llevó varios contratos públicos del
parlamento madrileño. Cifuentes presidía la mesa de contratación que
adjudicó, entre 2009 y 2013, el servicio de cafetería de la Asamblea de
Madrid a la empresa de Arturo Fernández: expresidente de la patronal
madrileña,
perejil en todas las charcas del PP madrileño y uno de los condenados por las black.
4. Hay serios indicios de que
aquella adjudicación a Arturo Fernández "estaba decidida de antemano",
asegura la Guardia Civil, que implica a Cifuentes en esa presunta
prevaricación para favorecer al donante de Fundescam. La UCO, en tres
informes
distintos, detalla hasta
seis irregularidades en ese concurso en el que participó
directamente la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid: los criterios
de valoración fueron "contrarios a derecho", hubo "arbitrariedad" en el
reparto de puntos, se "excluyó" a otras empresas indebidamente...
Además, Cristina Cifuentes estuvo al mismo tiempo en dos sitios
incompatibles entre sí: en la comisión de expertos que repartía los
puntos de ese concurso público y en la presidencia de la mesa de
contratación que daba la adjudicación. Según la Guardia Civil,
compaginar estos dos puestos es "contrario a la legalidad" y "vulnera
la imparcialidad" del concurso.
5. En esos años, Cifuentes también
estaba en el comité de campaña del PP de Madrid. Es decir, en el lugar
en el que, según la UCO, presuntamente se gastaban esos fondos
irregulares que recaudaba Fundescam y que donaba, entre otros, Arturo
Fernández.
6. El juez Eloy Velasco, que lleva el caso Púnica,
descarta pedir al Tribunal Superior de Madrid la imputación de Cristina Cifuentes,
a pesar de estos informes de la Guardia Civil, que recogen también las
declaraciones del resto de las personas no aforadas que participaron en
esa adjudicación. La opinión
de Velasco es relevante, pero no salva del todo a la presidenta de
Madrid porque el juez dejará el central de instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional en cuestión de semanas.
7. Eloy Velasco no se va " a tomar por culo a Onteniente",
como quería Ignacio González. Pero casi con seguridad –así lo cree el
propio
juez– Velasco se irá del juzgado que lleva Púnica y Lezo por un puente
de plata: un ascenso y mejor sueldo a la nueva Sala de Apelaciones de la
Audiencia Nacional. En
este artículo Elisa Beni explica muy bien qué es esta nueva sala de apelaciones para gobernarlos a todos y por qué tenemos que temernos lo peor.
8. El nuevo juez que sustituya a
Velasco será entonces quien pida (o no) la imputación de Cifuentes. Y en
su decisión habrá un factor que pese mucho: lo que opine sobre el tema
la Fiscalía Anticorrupción.
9. Las fiscales del caso Púnica son
Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez. Las dos han tenido ya serios
enfrentamientos con sus superiores cuando han intentado actuar contra un
dirigente importante del PP. Fueron ellas quienes pidieron imputar
en la Púnica al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez;
sus jefes no les dejaron y ellas se negaron a firmar. Y García Cerdá también está en el caso Lezo: es una de los dos fiscales a los que
Manuel Moix intentó parar algunos de los registros de esta operación que afectaba a la gestión del Canal de Isabel II en
los años de Alberto Ruiz-Gallardón.
10. Las dos fiscales que llevan el
caso sí ven irregularidades en esta adjudicación a Arturo Fernández, en
la que la UCO considera que Cifuentes participó
"de manera indubitativa". Así figura en un informe que aparece en el
sumario, en el que la Fiscalía asegura que "los procedimientos de
adjudicación de las cafeterías y servicios presentan irregularidades por
su falta de moticación, baremación y ponderación
de las oferas, posicionandose en favor del grupo de Arturo Fernández
desde los trámites de informe". Como de costumbre, no opina igual su
jefe, Manuel Moix, que
no tiene intención de pedir la imputación de Cifuentes. Moix –un
jefe de Anticorrución que no dimite a pesar de que ha sido reprobado por
el Parlamento– es coherente con toda su trayectoria anterior; con toda
una carrera de
decisiones muy amables con el PP.
11. Moix, en una entrevista, ya
criticó algo que aparece en estos informes: que la Guardia Civil detalle
los presuntos delitos que se deducen de sus investigaciones. Según
Moix, este es un trabajo de la Fiscalía y no de la Guardia Civil. Tras
los informes sobre Cifuentes, las críticas del PP y la Fiscalía contra
la UCO arreciarán.
12. Independientemente de lo que
decida la Fiscalía y el nuevo juez de instrucción que sustituya a Eloy
Velasco, los informes de la UCO son lo bastante contundentes como para
que Cristina Cifuentes al menos comparezca en la Asamblea de Madrid
y ofrezca una detallada explicación. La presidenta que ha hecho bandera
de la lucha contra la corrupción no puede despejar este asunto
acusando a la Guardia Civil de participar en una operación política en su contra. La máxima exigencia obliga siempre a la máxima ejemplaridad.
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