El chiringuito del PP de Barberá se lleva por delante a multitud de cargos públicos y militantes al apuntar la UCO a la Junta Directiva
La tesorera nacional del PP Carmen Navarro será una de las primeras citadas
El delito electoral continuado que investiga la Guardia Civil tras descubrir la presunta caja B del PP de Valencia llegará hasta destacados diputados nacionales y regionales, senadores, eurodiputados y demás cargos públicos del PP que forman parte de los órganos de gestión del partido en la capital del Turia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala directamente en su informe,entregado al juzgado que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, a los miembros de la junta directiva y del comité ejecutivo por ser «inductores, cooperadores necesarios o cómplices en los hechos investigados». El informe apunta a que el PP de Rita Barberá contó durante años con un «recaudador»para gestionar donaciones ilegales de «empresarios» o «terceros» que se entregaban a Mari Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal, y ésta ingresaba en la cuenta opaca abierta en el Sabadell, la caja B del PP para los investigadores.
Según fuentes jurídicas, el juzgado citará como imputada en los próximos días a Carmen Navarro, tesorera nacional del PP, por ser la administradora general de las elecciones de los años 2011 y 2015. Pero la UCO ha pedido al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción que valore si procede incluir entre la lista de responsables del delito electoral continuado aquellas personas que «sin reunir las condiciones (de administrador general y de la candidatura), establecidas en el artículo 149 de la ley orgánica de régimen electoral general, deban considerarse inductores, cooperadores necesarios o cómplices en los hechos investigados, para lo que debe tenerse en cuenta la existencia determinados cargos orgánicos en el Partido Popular de la ciudad de Valencia que permiten conocer la existencia de las dinámicas que se han puesto de manifiesto y colaborar con ellas». Especialmente, matiza la Guardia Civil, «aquellos con responsabilidad en la gestión y/o control de los ingresos y gastos relacionados con el desarrollo de las campañas electorales».
De la lectura del reglamento de organización del PP de Valencia, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se deduce que la junta directiva del PP de Valencia tiene entre sus competencias velar por el cumplimiento de las estatutos y demás preceptos que constituyen el ordenamiento interno del partido, aprobar cualquier normativa reglamentaria interna del partido de la ciudad y dar cuenta del presupuesto anual del PP de Valencia, así como del estado de cuentas. A juicio policial, «los miembros de la junta directiva difícilmente pueden desconocer la situación descrita en el presente informe, dado que ni siquiera existía presupuesto ni cuenta alguna en el seno del partido al utilizarse las del grupo municipal popular , lo que contrasta con una realidad: se realizaban campañas y se afrontaban gastos que requerían la lógica existencia de ingresos». Dada la «inexistencia de presupuesto en el PP de Valencia, aunque según su reglamento de organización debía existir, ni fondos más allá de los escasos que derivan de la gestión de la lotería», según declaró el ex presidente del PP de Valencia Alfonso Novo, «a los integrantes de la junta directiva no se les podía escapar que se afrontaban de alguna manera distinta a la estipulada por las normas legales internas analizadas en el presente informe».
Comité ejecutivo
Lo mismo ocurre con el comité ejecutivo, que tiene entre sus competencias «elaborar y aprobar el presupuesto ordinario de ingresos y gastos y aquellos otros de naturaleza electoral». Según la UCO, «los miembros de la junta directiva difícilmente pueden desconocer la situación descrita en el presente informe, dado que son los responsables de la elaboración del presupuesto ordinario electoral». Es decir, «difícilmente pueden desconocer la situación (...) dado que año tras año ni elaboraban y aprobaban presupuesto alguno, ni ordinario ni específicamente electoral, lo que lógicamente choca con la situación de que se realizaban campañas y se afrontaban gastos que requerían la lógica existencia de ingresos».
Entre los cargos públicos que forman parte de estos órganos está la ex alcaldesa Rita Barberá; el eurodiputado Esteba González Pons; la diputada nacional electa Belén Hoyo; la senadora electa Marta Torrado; el ex consellerLuis Santamaría o diversos diputados regionales. Según el reglamento del PP de Valencia, los miembros del Comité Ejecutivo del PP de Valencia Ciudad son15 vocales elegidos en el Congreso del PP de Valencia Ciudad; los concejales del Ayuntamiento de Valencia, que sean afiliados al PP de Valencia ciudad; losparlamentarios nacionales elegidos por la provincia de Valencia, que estén afiliados al PP de Valencia ciudad; los diputados autonómicos elegidos por la provincia de Valencia, que estén afiliados al PP de Valencia ciudad; losparlamentarios europeos que sean afiliados al PP de Valencia ciudad; así como los secretarios generales de distrito. También los miembros del Consell de la Generalitat Valenciana que estén afiliados al PP de Valencia ciudad; elsecretario general de NNGG del PP de Valencia ciudad y los secretarios de los Comités Electoral y de Ética del PP de Valencia ciudad.
Mientras, el comité ejecutivo está integrado, la ex alcaldesa, el secretario general de la ciudad, el presidente del comité electoral, el presidente del comité de ética, el tesorero o los presidentes de distritos. El PP no identificó a estos cargos en el juzgado pero la Fiscalía ha solicitado al juzgado que el PP remita todos los nombres. Si el juez acepta la tesis de la UCO, muchos serán citados como imputados mientras que los cargos públicos aforados ganarán algo más de tiempo, como Rita Barberá, pues ningún juez ordinario puede interrogarlos. Sin embargo, los investigadores se tendrán que enfrentar a otro problema: nadie en el PP conoce la identidad de muchos de los vocales que forman parte de estos órganos. Tal y como dice la UCO, el PP de la ciudad de Valencia estaba fusionado con el grupo municipal, se mimetizaron, no tienen ni sede. Nadie sabe dónde puede estar esa documentación.
Según las fuentes consultadas por este periódico, entre los vocales están asesores del PP en Ayuntamiento, cargos investigados en otras piezas del Caso Taula, el abogado Jorge Carbó -quien declaró en nombre del PP por el blanqueo-o Carmen de Rosa. Entre 50 y 70 militantes se pueden ver arrastrados por estos hechos. Miembros de esos órganos consultados por este periódico aseguran que su presencia era testimonial y que las decisiones se tomaban en el grupo municipal con la supervisión de García-Fuster, la cajera de la Caja B según los indicios. Según estas fuentes, el PP de Valencia no está constituido como Junta y no tenía por qué presentar presupuestos, era la regional la que limitaba los gastos electorales por lo que de nuevo el foco de las irregularidades vuelve a estar sobre el grupo municipal de Barberá, pues fue ese órgano el que pagó multitud de gastos electorales desde 2006 al margen del PPCV.
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