Las salas de máquinas del Partido Popular (PPCV) están a tope y no dejan de mover palancas para que el barco supere el temporal. Junto al desempleo, la financiación aparece como el primer motor para seguir a flote.
Es urgente modificar el modelo de financiación de la Comunitat Valenciana. De no llevarse a cabo una corrección en profundidad, los valencianos veremos cómo se deterioran los servicios básicos que en ningún caso alcanzarán a los que disfrutan en otras zonas españolas. Los valencianos estamos ya entre las comunidades autónomas que menos gastan y más incrementan su deuda. Tendremos peor sanidad y educación. Estaremos a la cola en servicios sociales. Paralizaremos la construcción de infraestructuras y su mantenimiento. Seguiremos con carreteras a medio hacer o nos pagaremos nuestro Plan Sur con sellitos, como en la época del general Franco.
Seremos el furgón de cola de las autonomías. Todo esto por nuestra mala cabeza y porque hemos perdido el tiempo. Estas carencias no llegan con la crisis de 2008, sino que ya provenían de varias décadas. Con el modelo actual, los valencianos recibimos del Estado central el 9,5 % menos que la media del resto de las autonomías y nuestra renta per cápita apenas llega al 83 % de la media española. Si hubiéramos recibido lo que merecemos, con los criterios que se financia Cantabria, nuestro déficit sería irrelevante.
Una semana antes del 9 d´Octubre, se ha dado forma a la operación para reivindicar «la modificación de la financiación». Quince días antes, las instituciones autonómicas valencianas han sufrido una de las mayores afrentas, cuando el Partido Popular se niega a aprobar, en sede parlamentaria, la modificación del Estatut d´Autonomia y por consiguiente la posibilidad de que la Comunitat Valenciana reciba sus recursos estatales de acuerdo con el número de habitantes, como lo vienen haciendo el resto de autonomías.
Francisco Pérez, presentado por el vicepresidente de las Corts, Alejandro Font de Mora, inició su intervención ante un numeroso público, entre los que se encontraban los pesos pesados de la mayoría gubernamental y miembros conspicuos de la oposición. Al inicio ya se hizo una llamada al consenso de las fuerzas políticas autóctonas en torno al informe dirigido por Francisco Pérez. Sorprendió al auditorio la afirmación de que el comité de expertos que ha asistido, elaborado y redactado el informe, está compuesto por especialistas que pertenecen a los distintos partidos que configuran el arco parlamentario en les Corts. Una forma de empujar la idoneidad del acuerdo, cuando forman parte del cónclave.
Es comprensible que los partidos políticos de la oposición se resistan a avalar al Consell, a aupar al president, Alberto Fabra y respaldarlo para que se apunte el tanto de que, después de muchos años de agravios comparativos, se dotara de estabilidad financiera a la Comunitat Valenciana. No es fácil sin un órdago a lo grande. El Partido Popular que gobierna en la autonomía desde hace más de 18 años, tiene la responsabilidad plena de la financiación menesterosa, del escaso respeto que merece la Generalitat Valenciana en los resortes políticos que controlan sus congéneres desde Madrid, del desgobierno, de la ineficiente gestión, del despilfarro y de la corrupción. Corrupción que tiene dos vertientes: la pública y la privada.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la apertura del año judicial, afirmó que compartía la preocupación ciudadana por la corrupción que «debilita la fortaleza moral de la sociedad» y añadió que junto a la corrupción pública «se ha alzado también la corrupción privada, cuyos sujetos activos son los directivos y administradores de sociedades que se sirven de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ellas». La alusión era directa y a la medida de numerosos casos que conocemos de cerca en la Comunitat Valenciana, con nombres y apellidos de sus gestores delincuentes, que, si trabajan, lo hacen maquinando para apropiarse de lo ajeno.
Sabemos que para que alguien cobre comisiones en el sector público ha de haber quien las pague en el sector privado. No es nuevo que en bastantes actividades económicas, éste había sido el modus operandi habitual y que sin esas retribuciones ilegales era muy difícil trabajar y contratar. Con estos antecedentes, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana es el que tiene que enderezar la trayectoria del injusto y lesivo sistema de financiación, que acabará por asfixiar la autonomía, si no se remedia. La responsabilidad incumbe mayoritariamente al partido presidido por Alberto Fabra. La oposición no tiene por qué asumir ni promover nada. Cuando todo esté limpio y viablemente encauzado, será quizás, el momento de consensuar y construir el futuro.
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