La Valencia en estado de choque postraumático está harta de ser señalada como uno de los agujeros negros de la corrupción europea, de cargar con ese sambenito. De ahí que, con mayor o menor énfasis e intención, algunos de los entrevistados para este reportaje terminen apuntando hacía otras comunidades en el propósito de relativizar y sacudirse parte de la responsabilidad y de la culpa. “Le recuerdo que la trama Gürtel nació en Madrid” (…) “¿Y por qué no se centran más en la Cataluña de la familia Pujol?” (…) “¿No cree que el fraude andaluz de los ERE supera en cifras a lo que ha pasado aquí?” (…) “¿Qué me dice del PER? ¿Y de Galicia?”. Ciertamente, la Comunidad Valenciana no deja de ser un exponente, acusado y descarnado, del espejismo que llevó a buena parte de España a creer que existía un atajo colectivo a la prosperidad.
El otro boquete por el que supura la herida de la bancarrota nace del convencimiento compartido a derecha e izquierda de que la Comunidad Valenciana está siendo discriminada financieramente por el Estado. Pese a que el argumento puede sonar recurrente en esta España autonómica de puja continua en la que nadie se declara conforme con su financiación, los valencianos se están armando de datos extraídos de las balanzas fiscales que demostrarían ese maltrato. “Cada valenciano recibe 829 euros menos que un cántabro, 702 menos que un riojano, 513 euros menos que un aragonés. Somos el 10,7% de la población española y tenemos una renta per cápita del 87,5% de la media nacional, pero en los dos últimos años el Estado solo ha invertido aquí el 6,2%”, destaca José Vicente González, presidente de la patronal Cierval y propietario de la empresa GH Electrotecnia.
En su afán por minimizar el impacto económico de la corrupción —12.500 millones de euros es el resultante del estudio llevado a cabo por el profesor de Análisis Económico y diputado socialista Julián López Milla con metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) estatal—, la derecha política subraya ahora la idea de que el problema de la Comunidad Valenciana no ha sido la corrupción y la mala gestión, sino la deficiente financiación. Hay, pues, un novedoso punto de rebeldía ante “Madrid” y hasta empiezan a revisarse los postulados del proverbial anticatalanismo del PP valenciano. “Desde el punto de vista empresarial no tiene sentido enemistarnos con nuestros vecinos y principales clientes y proveedores. Para el corredor del Mediterráneo, para nuestras exportaciones, para todo, Valencia tiene que contar por Cataluña”, afirma José Vicente González.
Ahora que el cuento propagandístico se ha acabado, los valencianos vuelven a demostrar que su proverbial disposición al trabajo está por encima de la fama que les atribuye cierta inclinación a pasar fácilmente de la euforia al catastrofismo. Individualistas y emprendedores, acreditan que mantienen sus reflejos a punto, preparados a aprovechar la oportunidad. Pocas horas después de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se inventara ante la rechifla general el vocablo “el caloret” las canciones y vídeos de chanza y burla ya inundaban la Red. Pensat i fet (pensado y hecho). ¿No vuelve a oírse en las calles de Elche y de las poblaciones de la ribera del Villalopó el característico tac, tac, tac artesanal de los talleres domésticos familiares, ahora que algunos empresarios del calzado han vuelto de su frustrada experiencia en China y compiten por la calidad del producto? “Hemos formado parte de esa España de locura colectiva, aunque tampoco es que hayamos hecho las cosas mucho más diferentes que los demás. Esta es una sociedad dinámica con muchas empresas pequeñas que pueden moverse con rapidez. Ahora exportamos ya por encima de la media española. Cuando a España le va bien a nosotros nos va muy bien y al revés”, declara José Vicente González.
Pese a que el presidente de la patronal es más bien refractario a la idea —“la política la tienen que hacer los partidos”—, ha aflorado en una parte del empresariado la propuesta de fundar un partido nacionalista, se supone que al modo de aquella Unión Valenciana, luego integrada en el PP, que tan buenas oportunidades de negocio brindó a determinados promotores inmobiliarios. De acuerdo con el relato de un antiguo cargo de la Generalitat hoy apartado de la política, ahí se inició la carrera de la financiación irregular de los partidos que ha desembocado en la actual situación. “Unión Valenciana, que estaba financiada por una serie de empresas interesadas en la cuestión urbanística, ganó la alcaldía de Valencia en 1991 y quiso hacer un aparcamiento bajo la plaza del Ayuntamiento. Rita Barberá no lo vio claro, ni tampoco el PP, porque temían que si se levantaba la plaza aparecerían restos arqueológicos y habría una gran oposición ciudadana al proyecto. Como la obra había sido adjudicada a la empresa Entrecanales, me reuní con el dueño José María Entrecanales para pedirle en nombre de Barberá y del PP que renunciara a la obra. Muy contrariado, el patrón me dijo que estaba harto de pagar las campañas electorales del PP nacional, aunque terminó aceptando mis argumentos a la espera de verse compensado de otra manera”, cuenta este antiguo representante del PP.
A su juicio, el momento clave en la larga historia de la corrupción vinculada a la financiación de los partidos es el paso del pago de las comisiones por obra al pago deducido del sobrecoste presupuestario. “Hubo un momento en el que las empresas comenzaron a quejarse de que las comisiones que pagaban a los partidos reducían mucho sus beneficios y entonces se recurrió a la fórmula del sobrecoste. Es un sistema mucho más ventajoso para las compañías porque el respaldo institucional del partido les otorga un margen de maniobra presupuestario poco definido. Muchos aprovecharon para hacer así verdaderas fortunas con la obra pública”.
De acuerdo con el relato de este informante, el PP fue heredando el apoyo financiero del grupo de empresas que había apoyado a Unión Valenciana a medida en que se constituía en la verdadera alternativa de poder de la derecha valenciana. “Gracias a la ayuda de esas empresas amigas, núcleo de la simbiosis política empresarial del PP, Eduardo Zaplana logró llenar el estadio de Mestalla —un millar de autobuses—, para el mitin del 29 de febrero de 1996 que aupó a José María Aznar a la presidencia del Gobierno de España”. A partir de ese momento, el entonces presidente de la Generalitat pasó a convertirse en “el gran Eduardo” a ojos del líder nacional y pudo manejar a su antojo las instituciones y el PP valenciano hasta que, cumplido su sueño de ser ministro, pasó las riendas a Francisco Camps. La Comunidad Valenciana era la tierra conquistada del PP, la fortaleza segura que otorgaba glorificantes baños de masa a los líderes nacionales y hacía soñar a los locales con alcanzar un día el Gobierno de España. El antiguo cargo de la Generalitat cree tener una explicación a la pasión por los caros trajes hechos a medida que han mostrado los dirigentes del PP valenciano. “Tiene que ver con el complejo de inferioridad latente en la burguesía valenciana que proviene en buena medida del naranjo o de la pequeña empresa. Los trajes caros eran el uniforme, la armadura, con la que exhibirse en Madrid y demostrar el poderío valenciano. En esto, como en otros asuntos, el precursor fue Eduardo Zaplana, el gran ausente de la actualidad valenciana. Si alguien registrara el despacho de la sastrería Antonio Puebla de Valencia e inspeccionara los libros de contabilidad descubriría que el gasto en trajes de Zaplana durante su presidencia alcanzó cifras astronómicas”.
La corrupción del PP valenciano, destapada ya en 1990 en las escuchas telefónicas al tesorero del partido Rosendo Naseiro y en la conversación igualmente registrada del expresidente de la Diputación de Valencia Vicente Sanz. En ella le confesó a Eduardo Zaplana: “Estoy en la política para forrarme”. Algo que parece haber formado parte del ADN de esa formación sin solución de continuidad. La pregunta es por qué la dirección nacional consistió este estado de cosas, por qué siguió respaldando a los que ahora se sientan en el banquillo. Los catedráticos de la Universidad José Antonio Piqueras, Antonio Laguna, Francesc Andreu Martínez y Antonio Alaminos trataron de encontrar una respuesta a la otra pregunta, tan crucial como la primera, de por qué el PP valenciano ha seguido teniendo, pese a todo, tanto éxito electoral.
Dice Antonio Laguna que sus investigaciones, recogidas en el libro El secuestro de la democracia, demuestran que “más allá de las consultas electorales, en la Comunidad Valenciana se produjo por la vía de hecho el secuestro de la democracia a cargo de un partido que utilizaba las instituciones y el dinero público en su propio beneficio, incluso con técnicas propias del caciquismo del siglo XIX como la compra de votos y la alteración de censos electorales”.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada