Se nos va la democracia. O, mejor dicho, nos la quitan. Nunca desde el 23 de febrero de 1981, las instituciones democráticas habían sido víctimas de un acoso y derribo como el que se está operando tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Teóricamente no es un golpe de Estado, pero, de hecho, es un golpe al Estado en toda regla. Un golpe al Estado en el que se pueden distinguir dos fases claras. Una primera es la forma de acceder al Gobierno, con unos recursos de financiación del partido extraordinarios, que durante años han multiplicado su capacidad de movilización electoral y han pervertido el resultado de los comicios. Una vez conseguida la mayoría absoluta y el Gobierno, la segunda fase consiste en la puesta en marcha de una política absolutista mediante un asalto, más o menos disimulado, a las principales instituciones del Estado, que permite anular el juego de contrapoderes inherente a toda democracia que se precie.
Y así, tras todo tipo de maniobras orquestales en la oscuridad, nos encontramos con un presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militante secreto y asesor oculto del PP; con una Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que militó en el PP hasta la víspera de tomar posesión de su cargo; con un presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, cuyo cargo inmediatamente anterior fue el de tesorero del PP, en sustitución Luis Bárcenas; y con una presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, exministra y exdiputada del PP. La conspiración se completará cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, consume en septiembre sus planes para el nombramiento de un Consejo General del Poder Judicial a medida del poder ejecutivo.
Este complot antidemocrático no sería posible sin el concurso de una trama civil, formada por los banqueros y grandes compañías para las que el PP gobierna, que han sido cooperadas necesarias en este golpe al Estado. En el 23-F los militares contaron con el sostén de una trama civil apenas desvelada. Ahora, los políticos neogolpistas han contado con el apoyo de una trama financiera y empresarial, de la que el caso Gürtel es la punta del iceberg y que sólo vislumbraremos si finalmente Luis Bárcenas acaba de tirar de la manta.
La legalidad del nombramiento de Pérez de los Cobos es más que precaria, su legitimidad ofrece pocas dudas: ni legitimidad formal, ni material; ni de origen, ni de ejercicio. ¿Qué dirá cuándo tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una reforma laboral cuya articulación legislativa asesoró? Una reforma laboral, por cierto, hecha a la medida de la trama civil de banqueros y grandes empresarios que tan importante papel han desempeñado en este golpe al Estado democrático de derecho. El círculo se cierra.
En esta situación, pese a los recortes en otras materias, el Gobierno ha sido previsor al aumentar el gasto en material antidisturbios, que ha pasado de 173.670 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013, con la previsión de dispararlos a 10 millones en los próximos cuatro años. Cuando se pierde la legitimidad, la obediencia sólo se consigue por la fuerza. Han sido prudentes, las porras y los escudos les van a hacer falta.
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