La
operación de la Guardia Civil contra el referéndum servirá para impedir
el 1-O, pero impulsa la estrategia independentista, aleja a muchos
catalanes de España y complica aún más
la situación
1.
La detención del núcleo duro del Govern que estaba organizando el 1-O
marca un antes y un después en este terrible septiembre catalán. No solo
es
un golpe letal a esta votación
por la vía de la logística: sin papeletas, sin centro de datos, sin
presumiblemente urnas… es evidente que será imposible el 1-O que quería
la Generalitat. También
es un salto importante en el auténtico conflicto, el político, que se
ha incendiado aún más.
2.
¿Quién ha ordenado la operación de la Guardia Civil contra varios altos
cargos de la Generalitat por organizar el 1-O? No ha sido el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya (TSJC),
el juzgado que desde hace diez días instruye una investigación donde ya están imputados
el president Carles Puigdemont y todos los consellers de la Generalitat.
No ha sido la Guardia Civil por su cuenta y riesgo –aunque escuchando a
algunos líderes políticos pareciese que es
así–. No ha sido siquiera la Fiscalía, que fue informada pero no
consultada, aunque tampoco se opuso. Ha sido el titular del juzgado de
instrucción número 13 de Barcelona
quien ha ordenado de oficio esta operación.
3.
El juez se llama Juan Antonio Ramírez Sunyer. Tiene 70 años y es de
perfil conservador. Entre otras decisiones polémicas, como órdenes de
prisión preventiva contra manifestantes anarquistas
que después fueron absueltos, es el juez que, en 2015, abrió
diligencias contra el entonces jefe de los Mossos
por no evitar los pitidos al himno nacional durante una final de la Copa del Rey.
Según el juez, los Mossos podían haber cometido un delito por no
intervenir y frenar la pitada en el Camp Nou. Es un buen ejemplo,
relevante hoy, de qué entiende este juez por uso proporcional de la
fuerza.
4.
¿Por qué interviene este juez en el 1-O a pesar de que la investigación
sobre esta votación estaba ya en el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya? Por lo que sabemos, el juez
lleva investigando desde febrero, bajo secreto de sumario, a varios
altos cargos de la Generalitat. El proceso penal arrancó con la denuncia
que a finales de enero presentaron el partido derechista VOX y el
abogado Miguel Durán
contra el exsenador de ERC Santiago Vidal,
que alardeó de que el Govern ya tenía los datos fiscales de los
catalanes, de cara a la secesión. El mismo juzgado, en esa misma causa,
ya había imputado hace meses al número dos de Oriol Junqueras, Lluís
Salvadó, al que ha detenido hoy.
5.
¿Se ha extralimitado el juez? ¿Debería haberse inhibido y pasar el caso
al TSJC? ¿Ha aprovechado la Guardia Civil esta ventanilla para pedir
estas detenciones porque lo tenía más
fácil que con la juez Mercedes Armas, que lleva el 1-O en el TSJC? Es
difícil de saber porque el caso aún sigue bajo secreto de sumario, no se
conocen los autos del juez Ramírez Sunyer ni tampoco los detalles de su
argumentación legal. Algunas fuentes jurídicas
consultadas cuestinan la decisión del juez mientras que otras lo
respaldan. Para entender bien ambas posturas conviene leer
al abogado Gonzalo Boye,
y a la periodista Elisa Beni,
siempre interesantes e informados los dos, aunque hoy discrepen en su interpretación.
6.
La primera consecuencia política de esta operación policial es que la
Generalitat ha obtenido el apoyo político contra el Gobierno de algunos
sectores que sin duda no respaldan la
posición independentista. Entre otros, el de los dos principales
sindicatos –CCOO y UGT–, el de dirigentes políticos como Joan Coscubiela
–que tan claro y tan duro fue en el debate donde se aprobó el
referéndum– o incluso algunos líderes del PSOE y el PSC,
entre los que destaca la presidenta autonómica de Baleares, Francina
Armengol. En el propio PSOE, solo Armengol ha dicho en público lo que
pensaba. Pero muchos otros, en privado, están de acuerdo con su
argumentación: se ha cruzado una línea roja. En Ferraz
están incómodos con la operación policial y ha habido un fuerte debate
interno, que probablemente estos días continuará.
7.
De fondo, el gran error sigue siendo el mismo: que se ha judicializado
un problema político; que la maquinaria pesada del Código Penal es lenta
pero implacable; que los puentes destruidos
serán caros de reconstruir. Todo esto es consecuencia de la estrategia
de ruptura de Carles Puigdemont: la desobediencia a las leyes, en una
democracia, siempre acaba en los juzgados. En
la estrategia independentista siempre
estuvo esta situación: forzar la reacción más dura posible por parte
del Estado para ganar más partidarios a la independencia. Ir más allá
del 47,8%:
el apoyo que lograron la última vez que se votó y que es un porcentaje
más que de sobra para gobernar Catalunya o reivindicar un referéndum,
pero no el suficiente para reformar el Estatut o la ley electoral, ni
mucho menos para declarar una independencia unilateral.
8.
También es culpable de esta terrible situación el presidente del
Gobierno Mariano Rajoy. No solo por iniciar el incendio con el primer
referéndum ilegal, la recogida de firmas contra
el Estatut, sino por su falta de diálogo posterior. El presidente del
Gobierno presumió el miércoles por la noche del éxito de esta operación,
que implícitamente ha hecho suya. “Les dije que el Estado de derecho no
fallaría”, ha asegurado Rajoy en
una declaración institucional
sin aceptar preguntas de la prensa. Su discurso y lo ocurrido este 20
de septiembre sin duda refuerzan su imagen entre los suyos, que le
tachaban de blando ante
los independentistas. Pero también deterioran aún más el crédito
institucional de una democracia en la que un gran porcentaje de los
catalanes ya ha dejado de creer.
9. No parece probable que el referéndum del 1-O se vaya a celebrar. El problema es
el precio, el coste en la
convivencia y quiénes lo vamos a pagar.
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