En el epicentro de la
presunta trama estaría la empresa Crespo Gomar que habría realizado
trabajos para los socialistas y los nacionalistas
La investigación, que se desarrolla en juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, abarcaría delitos de
falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral
Un
juzgado investiga la presunta financiación ilegal del PSPV en época de
Joan Ignasi Pla como secretario general, así como al Bloc (partido hoy
integrado en Compromís), por la campaña electoral
de 2007, unas investigaciones que se extenderían hasta 2011, según el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El magistrado ha
repartido la causa en cuatro juzgados (dos en Madrid, uno en Gandia y
otro en Benidorm) para que los hechos se investiguen
en los partidos judiciales donde se habrían cometido los posibles
delitos.
Se
trataría de una trama con prácticas similares a las de la 'Gürtel', una
empresa que organiza actos electorales y que posteriormente recibe
contratos públicos, en este caso del Gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación abarcaría delitos de
falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral vinculados a
las campañas de 2007 y 2011.
Según ha publicado el diario
El Mundo el
origen de la investigación se sitúa a mediados de 2016, cuando
representantes del PP habrían llevado a una comisaría
de València documentación, facturas y correos electrónicos que se
habrían enviado entre empresarios y dirigentes del PSPV y del Bloc.
Desde entonces se habría puesto en marcha una operación policial llevada
en secreto.
El
juzgado que investiga el caso habría comprobado la veracidad de la
documentación aportada identificando en varios informes el circuito que
presuntamente habría seguido el dinero de empresas
tanto públicas como privadas para pagar actos de la precampaña y la
campaña de 2007.
La
investigación que ha llevado el juzgado de Instrucción número 21 de
Valencia -el mismo del caso Blasco- se encuentra bajo secreto de
sumario, lo que implica también que se desconoce la cantidad
de dinero de la que se está hablando, aunque podría rondar el millón de
euros.
'Clan de Gandia'
Como
instrumento de este sistema estaría la sociedad de comunicación Crespo
Gomar (hoy extinguida), la cual facturaría los servicios a formaciones
políticas que eran pagados por otras empresas,
pagos que según las investigaciones tributarias coincidirían hasta en
los céntimos.
Esta
sociedad tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del exteniente de
alcalde del Ayuntamiento de Gandia, el socialsta Antoni Gomar, y tendría
también entre sus trabajadores a José Ramón Tíller,
exdiputado autonómico socialista y ex jefe de gabinete de los
exalcaldes de Gandia Pepa Frau y José Manuel Orengo (actual asesor de
Ximo Puig).
Sobre
la vinculación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero cabe señalar que
la empresa Crespo Gomar obtuvo contratos por valor de más de 600.000
euros de organimos estatales para campañas de comunicación.
Entre estos estaría la campaña de la desalinizadora de Torrevieja y
Aguas del Júcar de AquaMed por 234.700 euro y otra de 148.000 euros para
difundir los contenidos del Plan de la Vivienda 2008-2012 del
Ministerio de Vivienda. Destaca la campaña 'Compra con
criterio' del Ministerio de Sanidad y Consumo por 200.000 euros,
concedida desde la Dirección General de Consumo que entonces encabezaba
Etelvina Andreu, quien fue candidata a la alcaldía de Alicante en 2007
por el PSPV y cuya campaña dirigió precisamente
Crespo Gomar.
Bloc
Por
lo que respecta al Bloc la investigación afectaría también a la campaña
de 2007, la etapa en la que la formación tenía como líder y candidato a
Enric Morera -actual presidente de las Corts-
y que un documento de Crespo Gomar incluía el apartado "estados de
cuentas de Bloc".
En
esta documentación una tabla desarrolla conceptos, importes de facturas
y un estadillo en el que se reitera la palabra "concepto" con diversas
empresas, y esto da pie a que la Policía investigue
si estas empresas asumieron las facturas del Bloc.
Entre
las empresas señaladas estaría Egevasa, empresa con participación
pública de la Diputación de València. Entre las factures habría sesiones
de fotografías a candidatos, cuñas publicitarias
o el alquiler de un vehículo.
...como lamentamos que nuestra justicia no cumpla el principio necesario para
ser JUSTA, la rapidez, para evitar tanto las prescripciones vergonzantes como las prolongaciones de las sospechas.
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