Los
últimos acontecimientos –la conferencia de presidentes autonómicos, el
récord de las tarifas eléctricas, el plan para las cláusulas suelo y
hasta las catastróficas nevadas de Levante–
han confirmado que el gobierno tiene problemas que no sabe o no puede
resolver. Y la lista es larga.
Es cierto que, hoy por hoy, Rajoy
tiene amarrada la estabilidad de su Gobierno. Que el apoyo del PSOE y
de Ciudadanos a sus iniciativas le confiere una mayoría parlamentaria
que aleja tensiones políticas de calado. Y que el hecho de que no
vaya a haber elecciones hasta dentro de un año y medio hace pensar que
esa situación va a seguir así durante bastantes meses. Pero no cabe
excluir sorpresas. Porque el PP tiene construido su montaje sobre bases
bastante más débiles de lo que dicen sus corifeos.
Los últimos acontecimientos –la conferencia de presidentes autonómicos,
el récord de las tarifas eléctricas, el plan para las cláusulas suelo y
hasta las catastróficas nevadas de Levante– han confirmado que el
Gobierno tiene problemas que no sabe o no puede
resolver. Y la lista es larga.
Contrariamente a lo que dicen los
medios amigos, o no enemigos, del PP, que son casi todos, la cumbre
autonómica ha sido un fracaso. Primero porque no han acudido los
presidentes de Cataluña y el País Vasco. Y eso indica, sobre todo, que
Rajoy
es incapaz de dialogar con los exponentes de casi el 40% del PIB
español y sin cuyo concurso, tentaciones centrífugas aparte, está la
solución de los muchos y acuciantes problemas que tiene el modelo
autonómico. Pero, además, en la conferencia ha saltado a
la luz otro problema, también pendiente desde hace años: el de los
privilegios fiscales que los dirigentes del PP madrileño han venido
concediendo a los empadronados en su comunidad autónoma y que los
barones socialistas no parecen dispuestos a seguir tolerando.
¿Hasta cuándo Rajoy va a seguir
mirando para otro lado, como ha venido haciendo en los últimos cinco
años? Es impredecible, sabiendo cómo se las gasta el personaje. Pero una
cosa empieza a parecer clara. Los barones socialistas, particularmente
los de Andalucía, Valencia y Extremadura, por mucho que crean que lo
mejor es seguir sosteniendo al PP en Las Cortes, empiezan a tener dudas
de que puedan volver a ganar sus elecciones –los últimos sondeos
andaluces son muy inquietantes para Susana Díaz– y
van a necesitar de todo el dinero posible para disipar esas
incertidumbres. En el acuerdo para la abstención del PSOE en la
investidura esa contrapartida era la más importante. ¿Está Rajoy en
condiciones de cumplirla?
La locura de las tarifas
eléctricas y en el plan pactado entre el PP y el PSOE para que los
1.400.000 afectados por las cláusulas suelo obtengan el dinero que se
les debe, plantean otro tipo e interrogantes no menos serios. En el
primer caso
porque lo que está ocurriendo es el resultado del marco tarifario que
Rajoy y su ministro Soria se sacaron hace tres años de la manga para
cambiar las formas sin que los intereses del oligopolio eléctrico se
vieran afectados. Todos los expertos, salvo los
pagados por el Gobierno y/o las eléctricas, que son muchos, vienen
denunciando, y ahora más, la irracionalidad de ese apaño que ahora ha
explotado en las manos de quienes lo diseñaron.
Y en el caso de las cláusulas
suelo ocurre tres cuartas de lo mismo. Porque el apaño que han acordado
PP y PSOE deja la puerta abierta para que los bancos no devuelvan el
dinero en una larga lista de supuestos. En definitiva, que socialistas
y populares siguen sin atreverse a hacer la mínima pupa a bancos y
eléctricas, tal y como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo: ¿No es
llamativo que ningún exponente del sector socialista dominante haya
dicho algo mínimamente crítico en torno a los precios
de la electricidad?
Sólo que esta vez la cosa se les
complica. Porque ambas cuestiones han generado un gran rechazo popular. Y
ese efecto no se va a poder contrarrestar fácilmente con mera
propaganda mediática ni con trampas que no solucionen los problemas. Las
airadas reacciones que han producido los efectos de las nevadas –mucha
gente es muy sensible a estas cosas– pueden quedar arrumbados dentro de
pocos días. Entre otras cosas, porque a lo mejor el Gobierno no lo ha
hecho tan mal, aunque la formidable reducción
de las inversiones en infraestructuras que Rajoy ha propiciado desde
2012, puede que tenga algo que ver con el desastre. Pero no va a ser
fácil que lo otro se borre de las sensaciones de la gente.
Está claro que no ha sido una
buena semana para el Gobierno ni para los socialistas que defienden con
ardor el entendimiento con el PP "porque así se obtienen cosas
concretas". Pero alguna de las citas pendientes para los próximos meses
no
van a ser más fáciles. Ni la de la reforma de las pensiones, que
inevitablemente va a ser impopular, ni la del presupuesto, que Rajoy no
va a presentar hasta que el PSOE aclare su futuro y veremos qué hace si
éste no es el que él desea. Sobre todo, porque
necesitaría de su concurso para hacer frente a la impopularidad que
provocarán los recortes que tendrá necesariamente que hacer si no quiere
gravar a los más ricos para reducir el déficit público hasta el 3,1%.
Y luego está la crisis catalana,
que por mucho que los grandes medios la ignoren o la tergiversen
intolerablemente para engañar al personal, sigue ahí y sus plazos son
cada vez más acuciantes. Está claro que Rajoy no ha avanzado un ápice en
ese terreno, que la ridícula operación de relaciones públicas de Soraya
Sáenz no ha valido para nada y que sus planteamientos siguen siendo los
de siempre, los el palo y el arriba España. ¿Hasta cuándo? Eso por no
hablar de que no está dicho que Urkullu y
los suyos no vayan también a levantar la mano y que puede que el
acuerdo entre el PNV y el PP que los cronistas oficiales del marianismo
dan por casi firmado no sea más que una patraña.
En última instancia, que todavía
hay partido. Aunque los que no están con Rajoy, que son la mayoría, van a
tener que jugar lo que queda de manera muy distinta a como lo han hecho
hasta ahora.
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