El tiempo nos ha permitido saber que ha servido para algunas cosas, y que ha quedado coja, a medio construir e incompleta en otras
Nuestra Carta Magna cumple treinta y seis años de edad, la suficiente como para poder afirmar que una mayoría importante de los españoles no tuvieron la ocasión de votarla, y ni tan siquiera se les ha dado la oportunidad de refrendarla. La Constitución de 1978 fue un texto forzado por las circunstancias, en una coyuntura de cambio entre una dictadura y la llegada de la democracia a nuestro país, en cuya redacción participaron advenedizos llegados de un régimen dictatorial. Era una Constitución para salir del paso, con fecha de caducidad, asumible hasta que se produjese una consolidación definitiva de la democracia, que parece no llega nunca.
El tiempo nos ha permitido saber que ha servido para algunas cosas, y que ha quedado coja, a medio construir e incompleta en otras. Y ahora ya es hora de decidir si la retocamos o comenzamos de cero para construir una nueva Carta Magna adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones. El viejo edificio tiene goteras, sus pilares se tambalean, y la calefacción -y esto no es ninguna metáfora- ya no llega a todos; y es el momento de dilucidar si lo derribamos para construir otro, más moderno y eficaz, en el mismo solar, o nos dedicamos a hacer algunas chapuzas para tapar agujeros, y así salir del paso.
Llevamos años escuchando de los políticos de siempre, de esos que viven en otro mundo y no se han enterado de que los años pasan para todos, afirmar que es preciso hacer cambios en la Constitución, para después decir que “no es el momento”. Pertenecen a los mismos partidos que fueron capaces de cambiar, sin preguntar a nadie, el artículo 135, con el único objetivo de dar prioridad al pago de la deuda por delante de las necesidades vitales de los ciudadanos; y desde entonces han conseguido que los ricos sean más ricos y los especuladores financieros tengan garantizados sus beneficios, a costa de crear unos índices de pobreza inimaginables en un país lo suficientemente rico como para que todos podamos vivir dignamente. Y con esa modificaciòn constitucional, realizada con nocturnidad y alevosía, hemos conseguido ser pioneros en Europa en desnutrición infantil, que a eso de ser los primeros en algo no nos gana nadie.
¿De qué nos sirve tener una Constitución que establece en su articulo 47 el derecho de todos los españoles a a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, si estamos viendo cómo cientos de miles de familias pierden la suya afectadas directamente por ser víctimas de una crisis económica de la que no son responsables, a costa de que las recuperen los bancos que la han motivado con sus delirios de grandeza?
¿Para qué queremos que se diga en el artículo 14 que todos somos iguales ante la ley, cuando hemos construido una justicia para ricos y otra para pobres, y más de diez mil intocables gozan del derecho al aforamiento, que en los últimos años les ha servido de escudo para disfrutar de una vergonzosa impunidad ante la corrupción?
¿Por qué no blindamos el derecho en nuestra Carta Magna el derecho a una sanidad pública, universal y gratuita, que hubiese impedido los recortes salvajes que se han llevado a cabo en los últimos años, que están poniendo en peligro el estado de salud y la integridad física de muchos ciudadanos?
Y así podríamos seguir con ejemplos claros que demuestran que nuestra Constitución ha fracasado en muchos aspectos, no se ha desarrollado debidamente en otros, y ha dejado de incluir derechos que merecen una protección especial. Los antisistema no son quienes proponen una nueva Carta Magna, sino quienes son incapaces de reconocer sus fracasos y no admiten que es una exigencia de los nuevos tiempos.
Si hubiesemos afrontado la crisis económica con una Constitución diferente, que defendiese de verdad los derechos y la dignidad de los ciudadanos, nuestra actual situación social sería muy distinta, porque hubiese sido diferente la manera de enfrentarla. Quizás ahora los ricos seguirían siendo ricos, pero no tanto, la pobreza y la marginación social no se hubiese extendido por el país como la espuma, y veríamos el futuro con más esperanza para todos. Las cosas pueden hacerse de otra manera, y ha llegado el momento de ponerse a trabajar.
Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA
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