De izquierda a derecha, el arquitecto Gonzalo Urquijo, el ex secretario
general del PP Ángel Acebes, el extesorero Luis Bárcenas y el presidente
Mariano Rajoy. La imagen está incluída en el sumario judicial del 'caso Bárcenas'.
Diversas investigaciones judiciales han ido dejando al descubierto desde el año 2009, como una marea constante, los cimientos financieros del Partido Popular. El cierre de la primera fase del caso Gürtel y de la causa derivada sobre los papeles de Bárcenas, las numerosas piezas que forman el caso Palma Arena, en Baleares, e incluso la causa sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid, han dejado de manifiesto que el partido del Gobierno financió su funcionamiento durante décadas con grandes cantidades de dinero negro. La constatación más contundente de este hecho la realizó esta semana el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que en su auto sobre los papeles de Bárcenas certificó la existencia de una caja b en el PP, a la que se recurría de forma “sistemática”. Lo que siguen son los episodios más significativos de esta operativa, extraídos de las distintas resoluciones judiciales.
La contabilidad secreta de Bárcenas recoge pagos de empresarios por valor de unos ocho millones de euros. En su auto del pasado lunes, el juez Ruz considera veraces no menos de 5,27 millones de euros, abonados por un total de 22 empresarios de la obra pública y el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo. Este dinero, ingresado en las cuentas de donativos del partido previo fraccionamiento para fingir que se cumplían los límites de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, tuvo diversos usos.
La mayor parte -1,55 millones de euros- se destinó a las obras de reforma de la sede central del partido, en la calle Génova 13, de Madrid, entre 2005 y 2010. Por estos pagos en dinero negro, Unifica, la empresa de arquitectura que ejecutó los trabajos, ofrecía al partido un descuento de entre el 8% y el 10%. Además de ello, el PP se ahorraba parte del pago del IVA, por un total de 220.167 euros, mientras que Unifica eludía parte de la cuota del Impuesto de Sociedades que le correspondía por 1,57 millones de euros.
La sede central no fue la única sufragada en negro. Las sedes regionales de Bizkaia y La Rioja también recibieron financiación opaca. Para la sede vizcaína, Bárcenas generó una nueva contabilidad paralela en la que se recogen cuatro ingresos por valor de 36.000 euros. En Logroño, la ayuda económica en b ascendió a 200.000 euros, según ha reconocido Bárcenas.
El “sistema de contabilidad dual” del PP permitió el pago de sobresueldos a personas empleadas o vinculadas al partido, como los 86.545 euros que recibió el exconsejero navarro Calixto Ayesa por dejar su consulta de dermatólogo para dedicarse a la política en los años 90. El juez Ruz no ha logrado hallar indicios, más allá del contenido de la contabilidad secreta de Bárcenas y el testimonio de este, que confirmen el pago de sobresueldos trimestrales a la cúpula de la formación conservadora, entre ellos a todos los exsecretarios generales desde 1990. En las cuentas también figuran pagos a víctimas del terrorismo o a fundaciones como Humanismo y Democracia.
Los papeles recogen el pago con dinero negro de los gastos de seis campañas electorales por un total de 1,17 millones de euros. La formación conservadora tuvo esta ayuda económica en los comicios catalanes de noviembre de 2003, en las elecciones generales y andaluzas de marzo de 2004 y marzo de 2008 y en las europeas de junio de ese año. Ruz ha decidido enviar a los juzgados de Toledo la causa sobre el supuesto pago de 200.000 euros por la empresa Sufi para la campaña de María Dolores de Cospedal en las elecciones autonómicas de 2007 en Castilla-La Mancha. Este dinero, según Bárcenas, se entregó a cambio de la concesión de la contrata de recogida de basuras en Toledo.
En el auto por el que abría juicio a 43 personas por la primera fase del caso Gürtel, el juez Ruz establecía también que el PP se benefició de 328.440 euros que sirvieron para pagar las campañas a las elecciones municipales en 2003 en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid).
En la contabilidad de Bárcenas también figuran pagos a profesionales liberales, entre ellos a un catedrático y a un abogado y a la empresa Instituto de Estudios Sociales, del asesor electoral del PP Pedro Arriola, que supuestamente ingresó bajo cuerda 12.000 euros en 1992.
La financiación clandestina de Matas Andreu Manresa | Palma
El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach han construido tres piezas sobre episodios de supuestos pagos de publicidad en b y manejo de fondos clandestinos del PP, con permutas mediante contrataciones públicas manipuladas, durante la época en que Jaume Matas, hoy en prisión, presidió el Gobierno balear (2003-2007) y fue ministro de Medio Ambiente (2000-2003) con José María Aznar.
El exgerente del PP de las islas y cuñado de Matas, Fernando Areal, pagó con dinero negro, en la sede del PP al albañil del palacete de Matas quien a la vez trabajó en la reforma de la sede del PP, Joan Serra.
Este sistema de entrega de dinero en mano, en la misma sede o en bares de la cercanías, lo relata también el publicista arrepentido Daniel Mercado en el caso Over MC. Esta pieza, la penúltima del macrosumario Palma Arena trata sobre malversaciones, cohechos, pagos en b en las campañas de 2003 y 2007.
El juez Castro concreta que los gastos oficiales electorales del PP declarados en 2007 ante la Sindicatura de Cuentas de Baleares son “irrisorios” y “palmariamente falsarios”. Alude a “comprometedores documentos” sobre los fondos no registrados en referencia a anotaciones que se intervinieron en las oficinas de las agencias de publicidad. Ante la Sindicatura de Cuentas se declara una factura de Over Mc de 20.000 euros y en los registros de la empresa figuran ingresos por parte del PP balear de 181.031.
En la pieza, número 28 de Palma Arena, abierta en 2015, el juez Castro aluda expresamente a “la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares”, por la adquisición y reforma de su sede en Palma. Esta causa fue abierta tras lograr el fiscal Pedro Horrach la confesión del reo y ex alto cargo del PP balear Rodrigo de Santos quien desveló que el contratista Antonio Pinal, de Bruea pagó la sede popular palmesana.
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