El presunto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Valencia se convirtió en algo institucional, habitual. Las mordidas se extendieron como una mancha de aceite, sobre todo cada vez que la ex alcaldesa Rita Barberá se enfrentaba a una cita electoral. Los financiadores del PP -en su mayoría empresarios relacionados con el sector de la construcción que habrían realizado durante años donaciones ilegales al partido a cambio de contratos- no sólo habrían echado una mano a la actual senadora popular en sus campañas electorales, sino que también «enriquecieron» a los recaudadores que la «organización criminal» del PP valenciano tenía repartidos por varias administraciones.
Un nuevo levantamiento parcial del secreto de sumario del Caso Taula -en concreto, la pieza que investiga los contratos del Ayuntamiento de Valencia-, ha sacado a la luz el presunto sistema de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Valencia justo el día en el que PP dará carta blanca a Mariano Rajoy para negociar con Albert Riverasu investidura. La Guardia Civil concluye que se cobraban mordidas institucionalizadas a cambio de contratos municipales tras analizar las más de 10 horas de grabaciones que la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, aportó en la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción. La investigación policial también ha acreditado la «capacidad de presión» de los investigados sobe sus técnicos. Por el momento, en esta pieza separada figuran como imputados -ahora, investigados- 12 personas, entre empresarios y políticos del PP.
Un nuevo levantamiento parcial del secreto de sumario del Caso Taula -en concreto, la pieza que investiga los contratos del Ayuntamiento de Valencia-, ha sacado a la luz el presunto sistema de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Valencia justo el día en el que PP dará carta blanca a Mariano Rajoy para negociar con Albert Riverasu investidura. La Guardia Civil concluye que se cobraban mordidas institucionalizadas a cambio de contratos municipales tras analizar las más de 10 horas de grabaciones que la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, aportó en la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción. La investigación policial también ha acreditado la «capacidad de presión» de los investigados sobe sus técnicos. Por el momento, en esta pieza separada figuran como imputados -ahora, investigados- 12 personas, entre empresarios y políticos del PP.
Muchas de las grabaciones se registraron entre los años 2005 y 2006, fecha en la que la facturación de las empresas investigadas y el Ayuntamiento de Valencia se multiplicó. Algunos empresarios se resistían a pagar, lo que provocó el enfado de la ex concejal de Cultura e imputada clave en esta pieza, María José Alcón, actual pareja de Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia y responsable durante años de las campañas electorales de Barberá.
Según consta en las diligencias de esta pieza separada, el magistrado-instructor del Caso Taula, el juez Víctor Gómez, cree que de «lo actuado hasta el momento, y fundamentalmente del contenido de conversaciones grabadas a lo largo de los años 2005 y 2006 por Marcos Benavent, las declaraciones de éste, y el contenido de la documentación intervenida y análisis parcial de la misma por la Guardia Civil, revelan indicios que desde los cargos de responsabilidad que ostentaban Marcos Benavent, Vicente Burgos, y la que entonces era su esposa, María José Alcón y el entonces asesor Pedro Aracil, se habrían enriquecido personalmente, cobrando comisiones ilegales de distintas empresas a las que por la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos».
Alcón controlaba la red del Ayuntamiento y su ex marido, Vicente Burgos, la de la Generalitat desde la Fundación Jaume II El Just. Burgos fue presidente regional de NNGG y es uno de los dirigentes más cercanos al ex president Francisco Camps y al eurodiputado Esteban González Pons. La investigación apunta a que la organización le apartó de sus responsabilidades por sus problemas con el consumo de cocaína.
Los proyectos
Las contrataciones del Ayuntamiento de Valencia bajo el mandato de Rita Barberá que investiga la Guardia Civil son las siguientes: las obras de limpieza y mantenimiento de las fachadas interiores exteriores de la Lonja de Valencia -1.027.674 euros-; consolidación y rehabilitación de las Torres de Quart -1,4 millones-; la restauración de los históricos puentes de Serranos y de la Trinidad -2,3 millones-; la explotación del centro cultural La Rambleta y los contratos de la Mostra de Cine. Sólo en el caso de La Rambleta, el juez cita en su auto que Benavent ha declarado que no recibió ningún pago de José Adolfo Vedri, del Grupo Engloba. Marcos Benavent «ha venido a reconocer conversaciones con José Adolfo Vedri, si bien ha manifestado que en cierto momento fue orillado de las gestiones relativas a La Rambleta, manifestando no haber percibido ningún cantidad en de dinero con ocasión de su adjudicación».
Así, muchos de los proyectos de restauración de conjuntos históricos de la ciudad de Valencia están bajo sospecha judicial. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la investigación ha acreditado la «intención manifiesta» de los cargos del PP investigados «de adjudicar los contratos a empresas concretas en perjuicio de terceros licitadoras, intención que se traduce en realidad tal y como se desprende del análisis de la documentación intervenida». En sus informes, los agentes puntualizan que «todo ello respondería nuevamente a la intención espuria de Marcos Benavent y María José Alcón, que estarían en todo momento orientada a la obtención de una contraprestación dimanante de la sociedad adjudicataria decidida de antemano, sin respetar el procedimiento ni los principios que deben regir toda contratación pública».
Los financiadores
Una de las constructoras que más se habría beneficiado de este entramado es Cleop, a quien el Ayuntamiento le adjudicó la rehabilitación de las Torres de Quart, uno de los símbolos históricos de la capital del Turia. Según la Guardia Civil, los investigados se repartieron hasta 20.000 euros en comisiones, incluida la parte que habría recibido el partido. El dinero se lo habría entregado el presidente de Cleop, Carlos Turró, a Benavent.
Lo mismo ocurrió con el proyecto de la Lonja de Valencia, edificio del siglo XV, adjudicado a la empresa Estudios Métodos de la Restauración (EMR), de la provincia de Castellón. Alcón habría cobrado por este amaño hasta 9.000 euros en comisiones que el yonki del dinero le habría entregado en metálico. Benavent declaró que los proyectos reformados «les permitían que las comisiones a percibir fuesen superiores, puesto que de los mismos también se cobraba comisión. Que era habitual hacer reformados y cobrar de los mismos».
Respecto a los contratos de la Mostra las irregularidades se ciñen a las empresas Thematica -contratista habitual en los grandes eventos de la era Camps-; Begamir; Universo Selección o Comunicación Gráfica Siglo XXI. Respecto a los favores al sobrino de Barberá, la UCO señala que el familiar de la dirigente «habría sido una de las personas que pudieron verse favorecidas por la adjudicación de contratos de forma fraudulenta» durante años.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada